El Congreso del Estado dio entrada, sin discusión, a la petición del gobernador Rafael Moreno Valle para abrogar la denominada Ley Bala, quien argumentó que la legislación fue “estigmatizada” y se generó una “errónea percepción” de su contenido, apenas a dos meses de su aprobación.

El ingreso del decreto estuvo acompañado de una defensa de los diputados aliancistas a la aplicación de esta ley contra pobladores de San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio y culparon del saldo violento a la legisladora federal perredista Roxana Luna Porquillo.

Tras darse a conocer la propuesta del Ejecutivo en sesión ordinaria, Susana Riestra Piña, presidenta de la Mesa Directiva, decretó un receso ante las protestas que llegaron a la sede del Legislativo este martes y que obligaron a reanudar las actividades cinco horas después.

La Ley se estigmatizó: RMV

En la exposición de motivos de su proyecto de decreto, Moreno Valle señala que se “estigmatizó” y se creó una “errónea percepción” de la Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales, por lo que pide que el Congreso revise el tema, el cual, sostiene está apegado a los tratados internacionales.

“Si bien la ley es congruente y apegada a lo dispuesto por los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, con las recomendaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el uso y fuerza de armas de fuego, y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptados por Naciones Unidas, sin embargo en virtud de que esta ley en su consideración ha sido estigmatizada con temas que a pesar de no estar incluidos en su texto han generado una errónea percepción de la misma, considero pertinente su revisión integral”, expresa la propuesta.

Acusan a Luna Porquillo y exculpan al estado

Jorge Aguilar Chedraui, coordinador de la bancada del PAN, fue quien señaló que Roxana Luna Porquillo es la responsable de “encender los cohetones” que lastimaron a los ciudadanos que bloquearon la vía de comunicación referida.

“La diputada Roxana Luna y su organización, que tal pareciera que es un grupo de choque llamado Los de Abajo, ellos venían planeando, orquestando y recibiendo financiamiento desde hace un año, pretendiendo crear conflictos sociales en el estado (…)  Roxana prendió la mecha de la violencia, Roxana prendió la mecha de los cohetones que lesionaron a mucha gente”.

La perredista Socorro Quezada Tiempo aprovechó los 20 minutos que tuvo en la tribuna para exculpar al gobernador Rafael Moreno Valle, a Luis Maldonado Venegas y a Facundo Rosas Rosas, secretarios general de Gobierno y de Seguridad Pública, sobre el saldo del enfrentamiento en San Bernardino Chalchihuapan, y sostuvo que el PRD es corresponsable de sucedido en la entidad.

“No nos vamos a lavar las manos y decir que el mal gobierno tiene la culpa de lo que está sucediendo, eso no es cierto, el PRD también es corresponsable de lo pasa en el estado de Puebla, de ninguna manera solamente es del gobernador Rafael Moreno Valle, del secretario de seguridad pública Facundo Rosas, del secretario de gobernación, Luis Maldonado”, expresó la perredista.

Aunque el coordinador del PRI, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, sentenció el lunes que su partido exigiría la renuncia de Maldonado Venegas y Rosas Rosas, su discurso cambió al manifestar que esperará el resultado de las investigaciones que realizará la PGJ y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Diputados evitan críticas a la Ley Bala

Sin discusión por parte de los diputados, el Congreso formalizó la entrada de la solicitud del gobernador Rafael Moreno Valle para abrogar la denominada Ley Bala aprobada el 19 de mayo, esto luego de la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.

La propuesta del Ejecutivo se analizará por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Seguridad Pública, Procuración y Administración de Justicia, órganos legislativos que presiden los panistas Eukid Castañón Herrera, Víctor León Castañeda y Francisco Rodríguez Álvarez, así como por la comisión de Derechos Humanos a cargo del priísta Sergio Salomón Céspedes Peregrina.