Durante el periodo electoral, los partidos políticos suelen prometer políticas públicas y programas que pocas veces pueden implementarse una vez que asumen el poder. En el caso de la gubernatura de Puebla, en el cual las propuestas se centran en temas como seguridad, abastecimiento hídrico y protección a las mujeres.

Lo anterior de acuerdo con las plataformas electorales de Morena, Acción Nacional (PAN), y Movimiento Ciudadano (MC) con las que abanderan los proyectos de Alejandro Armenta Mier, Eduardo Rivera Pérez y Fernando Morales Martínez, respectivamente.

Dichos documentos fueron aprobados el pasado 28 de febrero por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), a pesar de que algunos de estos no están enfocados en temas locales.

Este es el caso de Morena, cuya oferta para el estado se centra en la continuidad de las acciones realizadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, asegurando que muchos de los pendientes ya fueron cumplidos.

Otro proyecto hibrido es el de MC pues, aunque sí detalla algunos planes para Puebla, otros se mantienen en la esfera nacional. En contraste, la visión que presenta el PAN si se enfoca en acciones en la capital y el interior del estado.

Los principios y planes que los tres partidos ofrecen coinciden en el mejoramiento de la seguridad y acceso a la justicia, la suficiencia hídrica en la entidad, bienestar económico, la continuidad de programas sociales, un servicio de salud digno, protección a las mujeres y creación de espacios para las juventudes.

Sin embargo, ninguno de los tres partidos explica cómo logrará cumplir con sus metas, en caso de ganar la elección del 2 de junio, incluso detallan escenarios y situaciones difíciles de lograr.

¿Cuáles son sus propuestas más extrañas?

En el caso del PAN, algunos de sus proyectos contemplan la generación de políticas públicas transversales e integrales con perspectiva de familia, a pesar de que este tipo de planteamiento sólo es utilizado por autoridades eclesiásticas.

También intentará generar “una cultura democrática y de respeto a la ley donde la misma ciudadanía respete y anhele una dinámica virtuosa entre los tres poderes fungiendo como actores activos en esta labor”.

Por ejemplo, Morena quiere establecer como obligatorio que los titulares de las secretarías de estado comparezcan para detallar sus acciones, a fin de erradicar las prácticas que deriven en actos de corrupción, algo que ya se realiza ante el pleno del Congreso de Puebla.

Asimismo, establece un aumento en los montos de las pensiones, las becas y los apoyos sociales impulsados en los últimos seis años, sin definir la forma de obtención de recursos o un plan que garantice la suficiencia económica para hacerlo.

MC propone eliminar el fuero estatal para todas y todos los servidores públicos, diputados incluyendo al gobernador en el estado, pero no señala como lo lograría sin tener la mayoría de representantes en el Legislativo.

Además, busca prohibir el uso de dinero en efectivo para cualquier transacción gubernamental, a nivel estatal, municipal, de los poderes del estado, de las dependencias, organismos constitucionales autónomos, y sindicatos.

PAN, Morena y MC discrepan sobre despenalización del aborto

Aunque los tres partidos señalan que entre sus prioridades se encuentra la creación de políticas públicas para garantizar el bienestar de las poblanas, no todas incluyen el respeto total a sus derechos sexuales y reproductivos.

MC es la única fuerza política que promete que, una vez que gane las elecciones, habrá “libertad de elección sobre la maternidad, garantizada por el Estado y recibiendo los servicios de salud adecuados”.

Morena presenta un proyecto ambiguo al respecto, pues a pesar de que dice que se respetarán las libertades de las mujeres, “la próxima administración deben encaminarse a impulsar la igualdad económica de las mujeres con justicia social, garantizar el acceso a la justicia”.

En contraste, el PAN mantiene su negativa a abordar el tema, ya que, confiando en que la coalición opositora también llegue a la presidencia, plantea “armonizar la legislación con los derechos fundamentales de la persona y generar políticas públicas que garanticen la obligación del Estado a proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”. (JC)