Quince amparos en contra de la extinción del programa de verificación vehicular han sido admitidos por juzgados federales, mientras que un bloque de entre 35 y 40 demandas serán presentadas en los próximos días.

Así lo informó José Luis Góngora Calvario, quien es representante de los 85 empresarios a los que el gobierno del estado les anuló su concesión de verificentros en junio pasado.

Durante entrevista con e-consulta, recordó que desde marzo pasado, el gobierno del estado clausuró los 85 verificentros que había en la entidad, por lo que alrededor de 15 titulares de ese tipo de establecimientos presentaron demandas de amparo en contra de dicha acción, sin embargo, previó que estas no prosperarán pues el programa operativo fue anulado.

En consecuencia, otro bloque de 15 ex concesionarios presentaron demandas para ampararse ante la extinción del programa de verificación vehicular, mismas que fueron admitidas por juzgados federales y se espera que en los próximos días sean resueltas.

En caso de que las querellas sean juzgadas de manera positiva para los quejosos, el gobierno del estado se verá obligado a reconocerlos como titulares de verificentros, adelantó Góngora Calvario.

No obstante, en los próximos días serán ingresados ante las autoridades judiciales entre 35 y 40 amparos más, por lo que en suma, alrededor de 55 de los 85 ex concesionarios de verificentros habrían recurrido a esa estrategia legal para evitar perder sus contratos.

Abundó que la presentación de los últimos amparos se ha retrasado por la integración de documentación.

Señaló que no resultó conveniente ampararse en contra de la licitación de nuevas concesiones que realizó la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (Sdrot), pues el gobierno del estado tiene la facultad de emitir un nuevo concurso.

Cabe recordar que fue en mayo pasado cuando el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, anunció la extinción del programa de verificación vehicular, bajo el argumento de que este se homologaría con los criterios de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came), sin embargo meses antes clausuró los establecimientos en cuestión.