Luego del enfrentamiento entre pobladores y policías en Chalchiuapan, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana (IBERO) consideró que la actuación del gobierno del estado debe darse en el marco del respeto a la vida y la justicia.

El organismo indicó que de acuerdo con las fotografías y videos que se difundieron del choque entre efectivos y manifestantes, no existe respeto hacia los derechos humanos por parte de la administración estatal que ejecutó tal operativo, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En entrevista con e-consulta, Gerardo Martínez Águila, quien es responsable del Programa de Derechos Humanos de la institución, coincidió en que la Policía Estatal carece de los protocolos de actuación y de la capacitación necesaria para repeler una manifestación amparada en la denominada Ley Bala, -tal y como recientemente lo difundieron medios de comunicación de circulación nacional-.

El académico recordó que una vez que en mayo de 2014 el Congreso local aprobó la ley que “regula” el uso legítimo de la fuerza pública, denominada como Ley Bala, quedó pendiente por elaborar los protocolos de actuación, por lo que el pasado nueve de julio la Policía Estatal no actuó apegado a ningún lineamiento de la normativa en cuestión.

Martínez Águila aclaró que los hechos de Chalchihuapan, que dejaron como saldo más de 50 heridos, entre ellos un niño de 13 años cuyo estado de salud es grave pues recibió un golpe en la cabeza, no deben discutirse desde una postura a favor o en contra, sino desde una revisión de si los elementos de seguridad respetaron un marco de derechos humanos al agredir a los manifestantes.

Asimismo, dijo que debe cuestionarse si las autoridades poblanas se apegaron al derecho a la vida y la justicia cuando determinaron repeler la manifestación de los pobladores con el uso de la fuerza pública.

Insistió en que la Ley Bala es ambigua pues no existen parámetros para medir el uso de la fuerza pública, además de que envía mensajes sobre que las autoridades no están de acuerdo con el dialogo y sí en contra de la manifestación de quienes no concuerdan con ellas.

Añadió que hasta ahora el gobierno de Puebla no ha hecho un reconocimiento de los hechos, sin embargo, se pronunció porque en lo sucesivo las autoridades emitan informes sobre el avance en las indagatorias del caso.