Por mayoría de votos, el Cabildo del Ayuntamiento de Puebla aprobó los estados financieros de diciembre del 2023; sin embargo, el regidor de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez llamó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) a verificar el manejo de los recursos públicos por parte de la administración.

En Sesión Ordinaria de Cabildo, el punto de acuerdo fue avalado con 14 votos a favor, seis en contra y una abstención.

En su intervención, la regidora presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda, Ana María Jiménez, expuso que cerraron el año pasado con un saldo en bancos de 862 millones, los cuales ya se encuentran comprometidos.

Expuso que de saldo en bancos servirá para atender pasivos que quedaron del ejercicio 2023 por 242 millones, para atender los compromisos de obra también iniciados el año pasado por 388 millones de pesos y para pagar los contratos multianuales de servicios como teléfono e internet por 166 millones.

Además de que 17 millones serán para obras en litigio que heredó la administración anterior, y para una reserva que los obliga la Ley de Disciplinas Financiera por un monto de 40 millones.

Por lo anterior, la regidora panista dijo que, al restar los mencionados compromisos del saldo en bancos, sólo se tendrían disponibles 200 millones de pesos.

Morena pide auditoría al ayuntamiento

En este contexto, el regidor morenista Rodríguez Juárez acusó haberse devengado casi mil 700 millones de pesos, además de realizar compras de pánico por más de 500 millones de pesos durante el último mes del año pasado.

También señaló el requerimiento de arrendamiento del helicóptero por 4 millones 800 pesos destinado a labores de vigilancia, realizado desde la secretaría de Administración y Tecnologías de la Información (Secati) cuando la competencia es de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Expuso el subejercicio de 385 millones de pesos en obra pública con un registro de 68 obras programadas para el 2023 sin concluir.

“También observamos compras de pánico al final del ejercicio. Aquí hacemos un llamado respetuoso al Auditorio Superior del Estado para que revise si estos contratos, si los entregables de los pagos que se hicieron de último minuto cuentan con todos los requerimientos de ley, 570 millones contratados de último minuto”, manifestó.

Indicó que es necesaria la intervención de la entidad fiscalizadora, con la finalidad de que no se corra el riesgo de que el ayuntamiento realice pagos sin los entregables correspondientes y sin el cumplimiento de cada uno de los contratos que amparan los pagos. (JC)