Los diputados del PAN, PSI y Compromiso por Puebla acusaron a Roxana Luna Porquillo, diputada federal del PRD, de ser la responsable de los actos violentos que sucedieron el pasado 9 de julio entre habitantes de San Bernardino  Chalchihuapan y policías estatales.

La postura de los legisladores del denominado “bloque morenovallista” se dio luego de que el diputado Rosalío Zanatta Vidaurrí (PRI), dio lectura al acuerdo en el que los coordinadores parlamentarios solicitan a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga el caso.

Jorge Aguilar Chedraui, coordinador de la fracción de Acción Nacional, fue el primero en subir a la tribuna para lamentar las lesiones que los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan le provocaron a 46 policías, en especial a Julio Serrano, a quien –sostuvo- le “rompieron” el casco y hoy se encuentra “gravemente herido”.

Al mostrar las mismas fotografías que Luis Maldonado Venegas, titular de la SGG, presentó esta mañana en una rueda de prensa, el panista sentenció que a su parecer los ciudadanos que se observan en las imágenes no son “manifestantes inocentes” que “pacíficamente” solicitaron el regreso de la operación del registro civil a sus comunidades.

“A los civiles se les presenta como inocentes manifestantes exigiendo la restitución del registro civil en las juntas auxiliares (…) tenemos evidencia fotografía que consta de manera pública y en medios, elementos que muestran lo contrario, tenemos elementos de la policía gravemente heridos, con cascos destrozados y esto a mí no me parece que sea obra de manifestantes inocentes que fueron pacíficamente a exigir la restitución de un trámite como puede ser un acta de nacimiento y de estas fotografías hay muchas, policías tendidos en el piso tratando de ponerse de pie y manifestantes haciendo uso de violencia excesiva”.

Incluso, Aguilar Chedraui aseveró que los legisladores deben de preguntarse si los manifestantes son “inocentes” o pertenecen a un “grupo violento” que es manejado por terceros, como la perredista Roxana Luna Porquillo, a quien acusó de tener intereses en Santa Clara Ocoyucan, y al dirigente del PRI, Pablo Fernández del Campo.

“Tenemos a gente como Roxana Luna, quien dijo además que encabezaría las protestas, que están detrás de este tipo de movimiento, está detrás porque tiene intereses en Santa Clara Ocoyucan con mototaxis (…) Habrá que preguntar a Pablo Fernández del Campo si materializó las declaraciones que hizo en el sentido de que iba a asesorar a los grupos de manifestantes, basta de manipulación política los poblanos queremos vivir en paz, disfrutar del progreso”, atajó el panista.

En el mismo sentido, los representantes del PRD y PSI, Carlos Martínez Amador y Marco Antonio Rodríguez Acosta, defendieron el uso de la Ley Bala en el operativo que la policía estatal ejecutó para disuadir la protesta.

Martínez Amador defendió el papel del Congreso, al sostener que al legislativo no le corresponde emitir un dictamen sobre los hechos, ya que los diputados no son “peritos en balística, ni peritos judiciales”.

En tanto, Rodríguez Acosta (PSI) enfatizó que la manifestación de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan fue organizada por “estrategas” que buscan “desestabilizar al estado y la paz social”, a quienes se les debe de acusar de “alta traición” por lastimar la historia de Puebla.

Inclusive, el representante de Pacto Social de Integración utilizó la tribuna para dar una lección de política, al enumerar los seis pasos que los estrategas siguen para  desestabilizar el estado.

“Para aplicar una acción de desestabilización se necesita generar un problema, convencer a un grupo social de que tiene ese problema, abanderar la protesta, generar conflicto social, victimizarse y después comunicar”.

PRI deslinda a Fernández del Campo

Víctor Manuel Giorgana Jiménez, coordinador de la bancada del PRI, deslindó al dirigente Pablo Fernández del Campo, de organizar la protesta en la que resultaron heridos 46 policías y cuatro civiles.

El legislador, quien ocupa la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, expresó que su partido obliga a sus militantes a actuar con ética y responsabilidad social, principios que no permitirían a Fernández del Campo manipular a los ciudadanos.

“Hoy deslindamos al propio presidente del Comité Directivo Estatal de cualquier acción, de cualquier posible participación en estos hechos, ciertamente los principios básicos del partido nos obligan a conducirnos con ética y responsabilidad social”.