Las acciones violentas, tomadas por autoridades de Puebla contra ciudadanos que se manifiestan en la vía pública, han encontrado la repulsa de la ciudadanía que condena la negación del gobierno a encontrar soluciones a los problemas por la vía pacífica. La gobernabilidad no puede ser impuesta ni perfeccionada invocando a la violencia o apelando a medidas o comportamientos al margen de la ley,

Los violentos enfrentamientos, con saldos sangrientos, primero en Tehuacán y luego en San Bernardino Chalchihuapan, -y como están las cosas, no será raro que las confrontaciones surjan en otros lugares-, son hechos que pudieron haber evitado mediante el dialogo y la negociación, pero triste y lamentablemente la barbarie y el salvajismo hablaron una vez más.

A pesar de los hechos condenables,  no hay signos por parte del gobierno del Estado para encontrar una solución pacífica a los problemas. Las autoridades mantienen su postura de no regresar el registro civil a las juntas auxiliares y los habitantes de aquellas comunidades, persisten en mantener  lucha por un atropello, según ellos, a sus derechos.

Ahora los alcaldes subalternos de la mixteca, sierra negra, Tehuacán, Cholula y Puebla se están agrupando para iniciar jornadas de resistencia, de información, manifestaciones y un plantón frente a la sede del Senado de la República para exigir la abolición de las reformas aprobadas, incluyendo a la  Ley Bala y la restitución del  registro civil. Quiérase o no, se está gestando un verdadero conflicto social que pudiera tener mayores consecuencias que lamentar.

Esta situación, -a río revuelto…..-, la están aprovechando los enemigos de la paz y tranquilidad. Los intolerantes desean que  Puebla sea un remolino de caos y anarquía. Por ello es necesario apelar al dialogo y la concertación, pero  la postura del gobierno poblano es no dar marcha atrás y ahora culpa a las autoridades de los diferentes municipios de falta de capacidad para destrabar los problemas.

Es necesario que de ambos bandos, -gobierno y ciudadanos-, se tenga la voluntad y deseo para  evitar más acciones contraproducentes para la paz pública, pero todo parece indicar que entre lo deseable y lo posible hay un gran margen. Las posturas se radicalizan y el panorama se ensombrece, más cuando se advierten nuevos actos de protesta, ahora por la expropiación de predios en los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula para la edificación de la Plaza de las Siete Culturas.

Los 17 propietarios de aproximadamente 9 hectáreas, que se necesitan para la realización del proyecto,  están descontentos  por la expropiación y luego por el irrisorio precio que los Ayuntamientos de San Andrés y San Pedro Cholula quieren pagar. Las autoridades no han demostrado la utilidad pública.

En las acciones expropiatorias, existe una lucha de intereses porque trascendió que el padre de Leo Paisano, Presidente Municipal de San Andrés Cholula, es de los principales afectados y el alcalde ante la imposibilidad de frenar las expropiaciones, ahora está presionando por ofrecer el precio más alto para favorecer a su progenitor. SALUCITA DE LA BUENA.

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