Puebla se enlistó en el top 10 de inversión pública para el 2024, pues al encontrarse en la región sur-sureste, el estado se benefició de la estrategia de inversión del Gobierno Federal, así lo dio a conocer el IMCO.

De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los estados que mayor inversión recibirán este 2024 son Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán concentrarán el 44.9 por ciento del presupuesto.

El instituto también detalla que el 37.7 por ciento del gasto total del Presupuesto de Egresos de la Federación se destinará al tema de petróleo y gas natural, el cual queda a cargo de Pemex y es de un total de 413.1 millones de pesos.

El rubro de Desarrollo Regional ocupa el segundo lugar con un presupuesto de 239 millones de pesos, en tercer lugar, el rubro de Transporte y Ferrocarril con 133 millones, el resto del presupuesto se concentra entre Electricidad, Transporte por carretera, salud, entre otros.

En cuanto al rubro de Desarrollo Regional, el cual se refiere a las aportaciones del ramo 33, de acuerdo con el IMCO, le corresponden un monto total de 238.9 millones de pesos, de los cuales a Puebla se le asignaron 47.8 millones de pesos, lo anterior con información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

Nearshoring, ¿cómo se ve afectado con la inversión pública?

Según el informe del Instituto Mexicano para la Competitividad, los recursos asignados al concepto de Nearshoring son limitados, pues equivale a apenas un 3.2 por ciento del Producto Interno Bruto de la economía.

Mientras que el rubro del petróleo y gas natural concentrará el 37.7 por ciento del presupuesto, los rubros clave para el nearshoring, como son suministro de agua y electricidad, presentaron ajustes a la baja del 18 y 6.3 por ciento menos en comparación del año pasado.

Vale la pena señalar que el nearshoring es el concepto que refiere a mudar las fábricas del país de origen a uno cercano en el que todo sea más barato

En este sentido, el IMCO hizo un llamado al gobierno federal de destinar más recursos públicos para el financiamiento de programas de inversión que contribuyan a beneficiar a la sociedad y su vez, atraigan inversiones.