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Aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó los resultados de fiscalización de la Cuenta Pública 2022 del gobierno de Puebla, el exmandatario Miguel Barbosa Huerta nunca terminó de aclarar las irregularidades detectadas en el 2021, por un monto de 3 mil 244 millones 900 mil 100 pesos.

Durante 2021, la ASF detectó un presunto daño patrimonial por 3 mil 267 millones 169 mil 300 pesos, pero el gobierno estatal solo pudo solventar 22 millones 269 mil 200 pesos, es decir, sólo el 0.68 por ciento del total.

Lo anterior, de acuerdo con la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, Primera, Segunda y Tercera Entregas Consolidado.

Las anomalías detectadas corresponden a Educación, Servicios de Salud, Saneamiento Financiero, Participaciones federales para el gobierno de Puebla, y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas para varios municipios.

Según el informe, el monto más alto corresponde al gobierno del estado de Puebla, en una auditoría a las Participaciones Federales a Entidades Federativas, por 2 mil 478 millones 851 mil 500 pesos.

También se detectaron irregularidades en el saneamiento financiero de la gestión de Barbosa Huerta por 679 millones 076 mil 100 pesos, tras fiscalizar el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Igual en la aplicación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, al no poder justificar el destino de 5 millones 183 mil 400 pesos.

Además, la ASF señaló que el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla por 9 millones 460 mil 100 pesos; así como de la Universidad Politécnica de Puebla por 2 millones 497 mil 700 pesos; ambos corresponden a la revisión de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados.

Presunto daño patrimonial en los municipios

Del presunto daño patrimonial en la entidad de 3 mil 244 millones 900 mil 100 pesos, existe un faltante de 39 millones 997 mil 700 pesos corresponden a 12 municipios que no justificaron la aplicación de sus participaciones federales durante el Ejercicio Fiscal 2021.

La suma de recursos públicos más grande corresponde a Puebla, por 15 millones 222 mil 800 pesos, ya que la expresidenta municipal de Morena, Claudia Rivera Vivanco, no pudo justificar los contratos que celebró y financió “con Recursos del Gasto Federalizado del Ejercicio 2021, incluidas las participaciones federales”.

Otras demarcaciones tuvieron inconsistencias en la aplicación del presupuesto destinado a la seguridad, como Cuautlancingo, por 3 millones 643 mil 300 pesos; y Amozoc, por 352 mil 700 pesos, según la auditoría al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) también detectó anomalías en la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) en el caso de Ajalpan, por 5 millones 685 mil 400 pesos.

Asimismo, en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en Chignautla, por 200 mil pesos.

Otras siete demarcaciones no aprobaron la fiscalización correspondiente a la utilización de “Participaciones Federales a Municipios”. Se trata de Cuetzalan del Progreso, por un monto de 6 millones 085 mil 200 pesos; San Pedro Cholula, por 4 millones 605 mil 400 pesos; y Vicente Guerrero, por un millón 974 mil 400 pesos.

Asimismo, en Libres, por la suma de un millón 444 mil 200 pesos; Huauchinango, por 341 mil 800 pesos; Tecamachalco, por 319 mil 900 pesos; y Chiconcuautla, por 116 mil 600 pesos.