Luego de que durante la conferencia matutina de López Obrador se señalara que dos jueces poblanos “favorecen a delincuentes” con cambio de medidas cautelares, en referencia al caso de dos presuntos secuestradores que obtuvieron su libertad, el fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, respaldó los dichos de Luis Rodríguez Bucio, titular de la subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y consideró que esta medida ha beneficiado a los criminales.

Fue durante la Mañaera de AMLO, que Luis Rodríguez Bucio afirmó que los jueces poblanos no consideraron “el peligro” que la liberación de los presuntos secuestradores puede suponer para las víctimas y a la sociedad. 

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Roberto Antonio Domínguez Muñoz y Francisco Javier Martínez son los impartidores de justicia del Poder Judicial del estado de Puebla a quienes se hizo referencia este día como “jueces que favorecen a delincuentes” al haber otorgado cambio de medidas cautelares a dos hombres imputados como presuntos secuestradores de una mujer en Puebla en el año 2018.

Dicho cambio de medidas cautelares provocó que salieran de prisión preventiva oficiosa para seguir su proceso en libertad a cambio de presentarse a firma de manera periódica, luego de una audiencia celebrada el 3 de julio del presente año.

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La liberación fue considerada por el funcionario federal como un ‘peligro’ al que se expone tanto a las víctimas, a los testigos y a la comunidad en general por parte de los presuntos secuestradores, de nombre Juan Carlos y Diego.

“En este caso y de manera atípica se otorgó una medida cautelar distinta a la prisión preventiva a dos presuntos secuestradores, cuando la pena para este delito va de 40 a 100 años de prisión en Puebla”.

Los casos de ‘puerta giratoria’ han sido señalados por el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, quien en recientes fechas ha urgido modificar el artículo 19 de la Constitución para reforzar la prisión preventiva justificada por sobre la oficiosa.

Al respecto, en junio el fiscal general ordenó una disposición emergente al organismo estatal para no conceder suspensión provisional de proceso o cambio de medidas cautelares, lo que responde a la necesidad de evitar que la libertad condicional se convierta en un canal de impunidad para delincuentes.

Un ordenamiento asentado en un oficio en el que se señala la detección de un incremento en las liberaciones condicionales registradas en los últimos meses y que no corresponden al objetivo inicial de la figura de suspensión provisional de proceso.

En la última rueda de prensa semanal de la FGE, Gilberto Higuera Bernal defendía que en el caso de liberaciones de políticos detenidos durante la administracón del fallecido gobernador Miguel Barbosa no significaba impunidad, sino que se debió al otorgamiento del cambio a las medidas cautelares por parte de los jueces.

Otro caso que salió a relucir en la mañanera de AMLO fue el de uno de los presuntos asesinos del periodista Marco Aurelio; que ya había sido aprehendido y liberado en 2020 al otorgársele revisión de medidas cautelares, después de haber cometido tentativa de homicidio.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el presunto responsable, de nombre José Francisco, fue detenido a finales del mes de mayo por vender droga. Y cuando las investigaciones lo relacionaron con el homicidio del comunicador, también se halló que en el año 2020 ya había sido detenido por intentar asesinar a un policía municipal en Tehuacán en medio de las actividades de narcomenudeo que presuntamente ejercía.

Sin embargo, un juez de control de la región de Tehuacán otorgó el cambio a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa pocos meses después, para que José Francisco continuara su proceso en libertad.