Extrabajadoras del Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (OVIGEM) en Puebla acusan que, a un año de haber sido despedidas del Consejo Ciudadano de Seguridad, no han recibido sus pagos correspondientes a la ley.

A través de una misiva difundida en redes sociales, las firmantes, que afirman ser exempleadas de la Dirección de Análisis de la Violencia de Género, nombre posterior al OVIGEM, denuncian que el 30 de junio de 2022 fueron dadas de baja con el argumento de la escasa aportación de recursos por parte del gobierno de Puebla.

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Tras su cese laboral del organismo de participación ciudadana, aseguran que emprendieron un proceso legal en contra de Armando García Pedroche, quien funge como presidente y representante legal, pues no han recibido el pago correspondiente a la ley. Además, acusan que también fue despedido personal adscrito al Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP).

De acuerdo con el documento difundido, el presidente del CCSJP, Armando García Pedroche, les notificó de una "pausa indefinida" del consejo debido a la falta de recursos otorgados por el gobierno de Puebla, por lo que les dijo que sus sueldos, correspondientes al 30 de junio, serían pagados.

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Sin embargo, denuncian que hasta el día de hoy no han recibido sus pagos. Incluso revelaron que en enero de 2022 comenzaron los problemas financieros, ya que a mediados de ese mes se les notificó a todas las áreas del CCSJP que había un acuerdo para recibir fondos por parte del estado, pero aún no estaba firmado para ser vigente.

Además, se les dijo que para recibir los fondos por parte del gobierno de Puebla, las trabajadoras debían aportar pruebas de trabajo. Y a pesar de concretar la solicitud, el convenio entre el CCSJP y el gobierno de Puebla nunca se concretó.

Incluso un mes antes de su baja del organismo, es decir, en mayo de 2022, los pagos de nómina se empezaron a retrasar por los problemas que había para recibir los fondos otorgados por el gobierno del estado.

Uno de los apoyos que García Pedroche les ofreció fue enviarlas a trabajar desde casa, pues de esa manera reducían los gastos de transporte y comida; semanas después dejaron de recibir el pago.

Ese 30 de junio, aseveran, García Pedroche habría anunciado una “pausa indefinida del consejo debido a la falta de recursos otorgados por el gobierno del estado”.

Una de las acciones del OVIGEM, o Dirección de Análisis de la Violencia de Género, para resolver la falta de solvencia económica para pagar las liquidaciones correspondientes, indica la misiva, fue darles parte del mobiliario, equipo de cómputo y demás activos, a cambio de una parte de los adeudos correspondientes como pagos de finiquito.

De las personas involucradas sólo una persona aceptó; sin embargo, el avalúo de bienes que llevó a cabo la Procuraduría de la Defensa del Trabajo reveló que lo otorgado no correspondía ni al 7 por ciento de lo que se les debe a las extrabajadoras.

“Ninguna de las integrantes del equipo del OVIGEM hemos recibido ni el pago de nuestros salarios del mes de junio, ni un finiquito por los más de cuatro años que laboramos ahí, violando así nuestros derechos como trabajadoras y provocando una serie de daños a nuestra economía y nuestra salud física y mental.

Por ello exigen a Armando García Pedroche, representante legal, y demás responsables del CCSJP, dar respuesta a las demandas de las extrabajadoras y acudir ante las autoridades competentes en materia laboral.

El 6 de julio de 2022, a través de sus cuentas oficiales, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla dio a conocer la suspensión de su línea telefónica por la que se brindaban servicios. Por su parte, el OVIGEM notificó la suspensión temporal de sus publicaciones; hasta el momento no se han reactivado sus canales de contacto.

De esta manera, extrabajadoras de OVIGEM Puebla denuncian que el Consejo Ciudadano no les ha pagado en un año.