La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHE) ordenó a la Procuraduría General de Justicia que se abra una averiguación previa en contra de los funcionarios involucrados en la detención de dos indígenas en la zona de Huitzilan de Serdán.

El 25 de noviembre de 2012, elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a Juan Lucas y Santiago Gregorio en la junta auxiliar San Miguel del Progreso, en Huitzilan de Serdán, bajo el argumento de que habían robado un camión de Liconsa.

Ese día fueron ingresados en el penal de Zacapoaxtla, acusados de portación de armas; sin embargo, al ser registrados en el centro los indígenas presentaban heridas graves.

Para el 28 de noviembre, visitadores de la CDHE acudieron al penal para investigar el caso, y encontraron que los elementos que arrestaron a Juan y Santiago sí cometieron violaciones a sus derechos.

Los elementos de la Policía Estatal Preventiva violentaron los derechos de integridad física y jurídica de los indígenas, al detenerlos de manera arbitraria; además, en su traslado al penal los efectivos golpearon a los detenidos para obligarlos a que confesaran los delitos que se les imputaban.

En las revisiones hechas por los visitadores, se encontró que ambos detenidos presentaban heridas en el rostro, costillas, brazos y piernas.

Incluso, Juan Lucas manifestó a los funcionarios de la comisión que los policías le pusieron una bolsa en la cabeza, y se la metieron en una cubeta con agua, para obligarlo a hablar sobre las armas que supuestamente tenía en su poder.

Para el 21 de junio, la comisión emitió la recomendación número 12/2013 a la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

En ésta, se detallan las violaciones a los derechos de los dos indígenas, por lo que se pide a la dependencia estatal que se reparen los daños cometidos a ambos, y que se les proporcione atención médica y psicológica.

Además, se recomienda a la SSP que se abra una investigación por parte del área de Asuntos Internos sobre el actuar de los elementos policíacos que se vieron involucrados, y que a la par se abra una averiguación previa ante la PGJ para aplicar las sanciones correspondientes a los funcionarios involucrados.

También se sugiere a los titulares de la dependencia que se dé capacitación a los policías en materia de derechos humanos para que se cumplan los protocolos establecidos en las leyes locales y en convenios internacionales.

Si bien la CDHE reconoció que la detención de los indígenas se dio de manera arbitraria, la recomendación no refiere el tema de la sentencia que fue dictada en su contra, pues al haber una determinación judicial esto sale de las competencias del organismo.

Por lo tanto, a pesar de que se reconocen las irregularidades en el arresto de los indígenas, la comisión no puede intervenir en su liberación.

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