El pleno del Senado de la República aprobó hoy martes la Ley General de Comunicación Social con la que los estados y municipios del país autorizarán sus propios montos destinados a publicidad.

La modificación tuvo lugar durante la sesión ordinaria de este martes 25 de abril e implica la eliminación de la limitante que obliga tanto a estados como a municipios a gastar apenas el 0.1 por ciento de su Presupuesto de Egresos.

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Por unanimidad, con 93 votos a favor, se reforma la Ley General de Comunicación Social para que los estados y municipios puedan determinar sus propios límites de gasto del Programa Anual de Comunicación Social.

— Senado de México (@senadomexicano) April 25, 2023

Ya con el visto bueno de las y los senadores, esta Ley fue remitida al Ejecutivo para los efectos constitucionales y su posterior decreto.

Ley General de Comunicación Social, aprobada por mayoría

El conteo registró un total de 93 votos por unanimidad que aprobaron en lo general y particular la reforma para dar a las entidades federativas y municipios mexicanos la oportunidad de determinar su propio gasto.

Puntualmente, el dictamen consiste en reformar el último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, lo que a su vez permite resarcir un artículo del denominado “Plan B”.

Damián Zepeda, senador de la bancada panista, indicó que la corrección se debe a que el tope para gobiernos en materia de comunicación social va contra el ejercicio del gasto público de estados y municipios, “violación” que se advirtió desde diciembre, apuntó Germán Martínez, del Grupo Plural.

Segunda parte de la Sesión de la Cámara de Senadores, del 25 de abril de 2023. https://t.co/edazQNe0Lj

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Mónica Fernández, presidenta de la Comisión de Gobernación, subrayó que la importancia de que los gobiernos locales establezcan su propio tope de gastos en comunicación social radica en que cada región tiene una forma distinta de comunicarse con la población, por lo que –dijo– la aprobación de esta reforma toma en cuenta las características geográficas, sociales, económicas y culturales para cada región.

No obstante, indicó que la autonomía de estados y municipios para establecer su límite de gastos en comunicación social también debe apegarse a los principios de austeridad republicana, racionalidad y eficacia para emular los límites establecidos por el gobierno federal.

Por otro lado, Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, describió que establecer límites fijos se trataba de una “invasión de facultades para la Federación” hacia gobiernos locales, determinando que lo correcto es que sean ellos quienes determinen su propio límite de gastos conforme sus circunstancias.

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El proyecto de decreto que reforma el párrafo último del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social fue remitido al Ejecutivo Federal para efectos constitucionales.