El denominado Bloque de Contención en el Senado (PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural) ha presentado un total de 26 recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde 2018, año en que inició la legislatura con mayoría morenista; 14 de estos recursos aún están pendientes por resolver.

Los números contrastan con la legislatura anterior cuando solo se presentaron dos acciones de inconstitucionalidad: por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como por la Ley de Seguridad Interior, como apunta la información contenida en la página oficial del Senado.

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Por ahora la oposición tiene pendiente la presentación de una nueva acción de inconstitucionalidad debido a la segunda parte del Plan B que aprobó la bancada morenista (y aliados) el pasado 15 de diciembre del 2022 al término del periodo ordinario de sesiones.

Al respecto, la priista Claudia Ruiz Massieu señaló a finales de marzo que su grupo parlamentario impulsará las acciones de inconstitucionalidad para denunciar lo que describió como una “violación a la Constitución” mediante las distintas leyes que Morena ha podido aprobar.

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Algunas de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el bloque van “desde la impugnación a la desaparición de los fideicomisos; a la Ley de Austeridad Republicana; la Ley de Industria Eléctrica; reducción de salarios de los funcionarios y servidores públicos y, recientemente, a la primera parte del Plan B”, dijo Massieu al portal nacional Milenio.

Destacan también entre los recursos presentados por el bloque PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural la Ley de la Industria Eléctrica, la prolongación de tareas de la Guardia Nacional hasta 2028, la “Ley Zaldívar (que consiste en la ampliación del mandato del exministro), la Ley de Telecomunicaciones, extinción de fideicomisos, revocación de mandato, etcétera.

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Algunos recursos por “inconstitucionalidades”

-Octubre 2022: PAN informó que 49 senadores de distintos partidos interpusieron demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública que apareció publicado en el Diario Oficial de la Nación (DOF). Consideraron que el decreto viola la Constitución por quitar el carácter civil de la Guardia Nacional a un terreno militar.

-Mayo 2022: senadores de oposición solicitaron a la Corte invalidar reformas contra la Ley Minera. El poder legislativo aprobó la declaración del litio como patrimonio de la nación, publicado por Andrés Manuel López Obrador en el DOF en abril del 2022.

-Noviembre 2021: el Pleno de la SCJN declaró inconstitucionalidad en el artículo 13 transitorio del Decreto de reformas en materia judicial, en junio del 2021. La reforma proponía ampliar dos años el periodo del ministro presidente Arturo Zaldívar y de los Consejeros de la Judicatura Federal.

-Octubre 2021: ministros declararon inconstitucionales las disposiciones en la Ley de Seguridad Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal de la Federación (reformado en noviembre del 2019), donde proponía considerar como amenazas a la seguridad nacional la delincuencia organizada, delitos que ameriten prisión preventiva, defraudación fiscal, contrabando y equiparables, así como la expedición, venta y uso de facturas falsas.

-Mayo 2021: bloque opositor impugnó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que establecía que ningún funcionario podía ganar más que el Presidente.

-Diciembre 2018: oposición presentó acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (por crear comisiones presidenciales) y por los superdelegados (se les otorgaban funciones de coordinación y se les asignaban facultades de supervisión).

Ministra Norma Piña daría “agilidad” a procesos

El perredista Miguel Ángel Mancera, por su parte, confía en un contrapeso desde la SCJN con la presidencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández para agilizar las determinaciones en varios procesos: “quisiéramos que fuera más ágil […] en sus determinaciones”, dijo al citado portal, además de recordar que a la Corte le quedan 14 acciones por resolver sobre “temas coyunturales para el país”.

“Necesitamos un sistema judicial eficiente, oportuno y confiable, que nos dé a cada mexicano la certeza de que se actúa con absoluta imparcialidad, libre de presiones y en total apego a la legalidad”, agregó Julen Rentería, coordinador del PAN en el Senado.