Leoncio Paisano Arias valora una decisión que podría terminar de romper la ya de por sí maltrecha relación que tiene con las autoridades estatales, de manera concreta con el gobernador Rafael Moreno Valle.

Se sabe que influenciado por algunos integrantes del ala dura del panismo que han encontrado refugio político e incluso económico en San Andrés Cholula, el edil de este municipio evalúa la pertinencia (más bien impertinencia) de presentar una controversia constitucional en contra de las reformas que pusieron fin al conflicto limítrofe con Puebla.

En diciembre pasado, los diputados de la LVIII legislatura aprobaron modificaciones al decreto de 1962 para restablecer la franja territorial entre ambos municipios, proceso que está a punto de concluir con la delimitación física de las áreas.

Motivados por sus diferencias políticas con el inquilino de Casa Puebla, esos malos consejeros quieren que el alcalde presente en la Corte un recurso jurídico contra el nuevo decreto, antes de que se concrete la delimitación.

Para tratar de convencerlo le recuerdan que un número importante de habitantes de San Andrés no estuvo de acuerdo con los nuevos límites, y le dicen que como representante de sus intereses debe atender la inconformidad.

Paisano mantiene esa "sugerencia" en la mente.

No le abre el paso pero tampoco la destierra.

Cuentan que del alcalde se hacen buenos comentarios en San Andrés Cholula.

Que al margen de su atropellado y cuestionable arranque como presidente, aún es bien visto por los pobladores de los barrios y las colonias más viejas del municipio.

Quizá es por eso que conserva la duda.

Quiera o no, tendrá que elegir entre ir a una lucha jurídica estéril contra el Congreso y el gobierno municipal de Puebla, además de terminar de confrontarse con el morenovallismo que ahora mismo no lo tiene en la mejor de las estimas, o ignorar a quienes le hablan al oído y asumir la disputa limítrofe como un caso cerrado.

Algo va a decidir.

Y deberá ser pronto.

Antes de que los miembros de la legislatura en funciones den el primer paso para crear la comisión especial que habrá de realizar la delimitación física.

Esa comisión, que estará lista en este mes, será conformada por representantes del Instituto de Catastro y de los dos ayuntamientos involucrados.

De ahí que Paisano Arias no disponga de mucho tiempo para escoger el rumbo.

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El conocimiento de una acción de rechazo por parte de los concesionarios en contra de la iniciativa de reforma a la Ley del Transporte obligó a los diputados del PAN y sus aliados a acelerar la aprobación en el pleno.

El plan original era ingresar la iniciativa a comisiones el martes y un día después, el miércoles, someterla a votación.

No fue así.

Los "sabuesos" que emplea la fracción panista para este tipo de asuntos informaron de la estrategia que se gestaba para emprender una mega protesta a las puertas del Congreso, la cual tendría como objetivo impedir el ingreso de los diputados y evitar las modificaciones a la Ley.

Al final, los blanquiazules lograron su cometido.

Dotaron de herramientas jurídicas a la Secretaría de Transportes para retirar concesiones del transporte público cuando así lo requiera.

La reforma lleva dedicatoria inmediata para los socios de la línea uno de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), pero será aplicable para todos los concesionarios del estado.

Es por eso que pretendían reaccionar con virulencia.

Entre los transportistas que incitaban al movimiento contra los legisladores fueron ubicados algunos de los beneficiados del sexenio anterior, que en total fueron 4 mil 500.

Si la Secretaría de Transportes hurga en el pasado, ahora que tiene mayores facultades y "dientes" para castigar a permisionarios irresponsables, podría comenzar por meter orden en ese enorme paquete de 4 mil 500 concesiones, donde seguramente el célebre Valentín Meneses Rojas tiene mucho que ver.

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Si se pregunta usted por qué retirará el gobierno las concesiones a los socios de RUTA, ahí le van algunos de los motivos:

Los concesionarios incumplieron con una inversión por más de 7 millones de pesos para capitalizar a la empresa.

Pese a que recibieron algunos beneficios directos, como seis meses de gracia para realizar pagos por sus inversiones, no los aprovecharon.

Faltaron a la obligación de designar a un administrador para controlar el ejercicio de los recursos y pusieron al hijo del presidente de la empresa, quien es abogado.

Se negaron a reportar la aplicación de los recursos y sobre todo el monto de los ingresos de los mismos.

Fallaron con el mantenimiento de las unidades de transporte.

ATT Maximus, empresa concesionaria del sistema de recaudo, no entregó los estados financieros auditados a sus representados e incumplió en la obligación de colocar máquinas vendedoras de tarjetas en todos los paraderos.

Tampoco pudo operar de forma adecuada el sistema de recaudo porque carecía de la tecnología que debió adquirir.

La reformada Ley les dará al titular de la Secretaría de Transportes, Bernardo Huerta Couttolenc, y al subsecretario de Planeación de la dependencia, Víctor Mata Temoltzin, los instrumentos de los que carecían para, ahora sí, alcanzar la eficiencia que demandan los usuarios del servicio.

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