El juez Miguel Arrollo Herrera niega amparo al pueblo de San Felipe Tepatlán, su sentencia a favor valida permisos a la empresa Comexhidro-Deselec para iniciar hidroeléctrica en el río Ajajalpan que abastecerá a la empresa Walmart, pese a la oposición tácita del pueblo totonaco.

Así lo señalaron durante la celebración de la 35 Asamblea para la Defensa del Territorio y Construcción de Planes de Vida, en la que comunidades indígenas nahuas, totonakus y mestizos de la Sierra Nororiente manifestaron su preocupación por los imparables intereses de grandes empresas que intentan imponer sus proyectos de muerte en sus territorios.

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“Hacemos un enérgico llamado a las instituciones del Estado Mexicano para que actúen bajo el respeto de nuestros derechos, ya que de no hacerlo se convierten en facilitadores del despojo, la destrucción y la división de los pueblos”, fue el llamado de la Asamblea que reunió a treinta y seis comunidades de Puebla y Veracruz.

En la asamblea llevada a cabo en la localidad de Santiago Yancuitlalpan de Cuetzalan del Progreso, habitantes de San Felipe Tepatlán y Altica denunciaron al juez federal, titular del Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien emitió una sentencia que niega el derecho al amparo al pueblo indígena totonaco y otorga un permiso federal a la empresa Comexhidro-Deselec 1 para el proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 en el río Ajajalpan.

“En términos llanos, esto significa que el Poder Judicial se suma al patrón sistemático de violación de derechos humanos, negando el acceso a la justicia a los pueblos indígenas y crea condiciones para que se profundice la violencia en nuestro territorio favoreciendo intereses particulares de la transancional Walmart. Desde esta Asamblea, nos manifestamos para alzar la voz, repudiar la sentencia y acordamos que los pueblos de la Sierra Norte defenderemos al Río Ajajalpan y a sus comunidades, que no permitiremos que se imponga ese proyecto de muerte en nuestro territorio”, citaron en el resolutivo que consta en esta casa editorial.

Pese a oposición se insiste en consulta

Integrantes del Consejo Maseual Altepetajpianij abrieron el evento para informar que al mismo tiempo realizan la consulta al pueblo maseual de Tlatlauquitepec, Cuetzalan y Yaonáhuac para obtener su consentimiento, pese a que el Tribunal Colegiado en la sentencia declaró insubsistentes tres concesiones mineras: Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila.

“Esto último lo consideramos una revictimización a la violación de nuestros derechos como pueblos, pues no podemos permitir que nos quieran consultar después de haber pasado por alto nuestro derecho al consentimiento”

El Consejo Maseual Altepetajpianij recordó que en la 33a Asamblea para la Defensa del Territorio y la Construcción de Planes de Vida celebrada en Zacatipan se acordó negar el consentimiento a todas las concesiones mineras en el territorio del pueblo maseual, refrendando con ello la determinación por evitar la imposición de proyectos de muerte. La resolución de la Asamblea fue debidamente informada ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado.

Apuntaron que desde el Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan se hizo un llamado para impulsar la construcción de Ordenamientos Territoriales como instrumentos de protección para no permitir la entrada de ningún proyecto extractivo minero, hidroeléctrico y de hidrocarburos en nuestros territorios.

Secretaría de Economía podría volver a dar concesiones mineras

Integrantes de la Unión de Ejidos y Comunidades Alcolhua del municipio de Ixtacamaxtitlán denunciaron que en una reunión con la Secretaría de Economía se fijó la posición clara de otorgar concesiones a Almaden Minerals, por lo que hicieron responsable al gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador y Raquel Buenrostro de la integridad física, psicológica, moral, patrimonial y ambiental de los habitantes de Ixtacamaxtitlán.

En su turno, informaron que el pasado viernes 16 de diciembre del presente año se reunieron con la titular de la Unidad de Industrias Extractivas de la Secretaría de Economía para exponer la inviabilidad de los proyectos mineros en el territorio.

A pesar que se cuenta con estudios sustentados por instituciones del sector ambiental del Gobierno federal y que la Suprema Corte de Justicia declaró insubsistentes las concesiones Cerro Grande y Cerro Grande 2 por la demanda de amparo interpuesta por la comunidad indígena de Tecoltemic, no se logró el acuerdo de que la Secretaría de Economía se comprometa a no volver a expedir concesiones en Ixtacamaxtitlán.

Resolutivos de Asamblea

En el acuerdo de esta Asamblea se plasmó la exigencia rotunda a la Secretaría de Economía para no autorizar ni una concesión más en Ixtacamaxtitlán pues pondría en riesgo la vida de cientos de comunidades a lo largo de la cuenca del río Apulco y se crearían condiciones para una confrontación.

Exigieron también que gobierno ejecutivo cumpla con lo dicho por el presidente de la República, quien se comprometió a no dar más concesiones mineras en nuestro país.

El Consejo Maseual Altepetajpianij, el Consejo Tiyat Tlali, el Comité de Ordenamiento Integral de Cuetzalan y la Red de Defensa de los Derechos Humanos llamaron a los pueblos en resistencia, a las organizaciones de base comunitaria y a las organizaciones que protegen los derechos humanos a estar atentos a los acontecimientos que se generen por la posible imposición de megaproyectos.

“Como pueblo organizado, en las diferentes comunidades indígenas vemos con preocupación que siguen los intereses de grandes empresas por imponer proyectos de muerte en nuestros territorios. Hacemos un enérgico llamado a las instituciones del Estado Mexicano para que actúen bajo el respeto de nuestros derechos, ya que de no hacerlo se convierten en facilitadores del despojo, la destrucción y la división de los pueblos”, apuntaron.