El Juzgado Primero de Distrito con sede en Puebla ordenó la suspensión provisional de las obras del “Gasoducto Morelos” en el municipio de Nealtican, a petición de una ciudadana que señaló el riesgo que implica para los habitantes de la región la instalación de ductos de gas natural, dada la alta actividad del volcán Popocatépetl.

La orden judicial tiene efectos desde este fin de semana por lo que las empresas que construyen el Gasoducto Morelos, contratadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), están obligadas a detener la instalación de la red de ductos que reinició hace dos semanas con apoyo del Ejército Mexicano.

La construcción del gasoducto, que formalmente se denomina como “Proyecto Integral Morelos”, se ubica en los en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, con una longitud total de 158 kilómetros.  

En el caso de Puebla atraviesa un total de 11 municipios en donde habitan 407 mil personas.

Para la ejecución de los trabajos, las empresas españolas Elecnor, Abengoa, Enegás y Bonatti tienen en juego una inversión de 3 mil 510 millones de pesos.

A revisión judicial el proyecto

La resolución judicial, ordenada por la juez Primero de Distrito, Rosaura Rivera Salcedo, dentro del juicio de garantías 751/2014/, es resultado de una demanda interpuesta por Selene Sarahi Santamaría Soriano, representante del Comité Ciudadano en San Buenaventura Nealtican e integrante del Frente de Defensa de la Tierra y el Agua.

Ella asentó que el trazo del gasoducto se encuentra en las faldas del Popocatépelt, volcán que se encuentra activo y en alerta amarilla fase 2, según el semáforo de alerta del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenepred).

En el amparo se argumenta que de construirse el gasoducto se atentaría en contra de la vida de los habitantes y del ecosistema del estado, “acto respecto del cual aduce que en mayor o menor medida, por acción o por omisión, las autoridades designadas como responsables han incurrido en violaciones a sus garantías individuales y derechos humanos”.

El documento señala que se decretó la suspensión de oficio para “que se mantengan las cosas en el estado en el que actualmente se encuentran, respecto de la construcción del Sistema de Transporte de Gas Natural denominado Gasoducto Morelos, debido a la cercanía que se refiere tiene con el Volcán Popocatépetl, en razón de la constante actividad volcánica, a fin de preservar la vida de la disconforme en la población donde reside”.

En el juicio de amparo tramitado se solicitó revisar la responsabilidad de la CFE, la Comisión Reguladora de Energía y la Semarnat, por la liberación del proyecto, la emisión de permisos y la autorización del estudio de Impacto Ambiental, sin embargo la juez consideró que estos eran actos consumados y ahí negó alguna suspensión.

El 16 de mayo fue interpuesto el amparo y la respuesta fue notificada el pasado jueves 5 de junio. Este lunes el documento será dado a conocer en asamblea pública en la comunidad de Nealtican.

Inician diligencias este martes

Las autoridades involucradas en la demanda de amparo que son el director de la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno de Puebla, entre otras, deben presentar a más tardar este martes, un informe sobre el tema, pues de lo contrario “se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva...”, además de que se les impondrá una multa de 100 días de salario mínimo.

Asimismo, la autoridad judicial otorgó una audiencia a la demandante, misma que se desahogará el próximo 27 de junio.

No se ha acreditado la ausencia de riesgos: inconformes

Fernando Cuéllar, representante del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro, e integrantes del Comité de Ciudadanos en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua de Nealtican, señalaron que las autoridades no ha acreditado con estudios serios que el gasoducto no represente un riesgo para la vida de miles de personas y que “dolosamente” han minimizado el riesgo de la construcción en las inmediaciones de la zona de riesgo eruptivo del volcán.

“Somos los últimos en enterarnos de que Nealtican estaba incluido en el trazo del gasoducto, lo supimos por la amedrentación que sufrimos para vender nuestras tierras. Llegaron con mentiras a presionarnos, nos decían: tus vecinos ya firmaron, mejor danos tu consentimiento sino vas a tener problemas”, relató Sarahí.

Reveló que representantes de su ayuntamiento y de las empresas explicaron a los habitantes que “el gas natural no explota” y les enseñaron un mapa de riesgos del volcán con logotipos del Cenapred y el Instituto de Geofísica y de Protección Civil, mostrando así que el proyecto estaba debidamente diseñado y que todo estaba bajo control, sin embargo el documento estaba alterado.

“No conocemos el proyecto real, las autoridades municipales han omitido toda información y ante las inquietudes y el cuestionamiento el gobierno responde con el Ejército, la encarcelación de nuestros hermanos”, insistió Cuéllar.

“O vendes o te mueres”

La Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió el expediente CNDH/6/20129556/Q para investigar las amenazas de muerte que personas de la región de Nealtican recibieron por negarse a entregar sus terrenos para la construcción del gasoducto Morelos.

Cuéllar Muñoz reveló que las indagatorias también implican al personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por las violaciones perpetradas a causa de la obra.

“Hubo intimidaciones directas y amenazas de muerte a la población de parte de trabajadores de la CFE y de personas cercanas a la comuna”, explicó.

Cabe recordar que hasta el pasado 15 de abril, las entidades de Puebla y Morelos conjuntaron ocho detenciones de activistas que se oponen a la construcción del Gasoducto, mismas a las que se suman acciones intimidatorias denunciadas por campesinos del municipio de Nativitas, en Tlaxcala, e incluso por periodistas de la entidad poblana que han dado cobertura al tema.

Carta aclaratoria

Rodolfo Ruíz Rodríguez.

Director General del portal: e-consulta.com.

Estimado Rodolfo Ruíz.

La razón por la que le escribo es para pedirle de manera muy atenta, se aclare un párrafo de la nota publicada el día 8 de junio de 2014 y firmada por las periodistas: Kara Castillo y Patricia Méndez.

El párrafo es el siguiente: (…“Hubo intimidaciones directas y amenazas de muerte 

a la población de parte de trabajadores de la CFE y 

de personas cercanas a la comuna”, explicó...).

La aclaración es la siguiente: en la queja, atraída por Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cuyo número de expediente se especifica en la nota, se identifica plenamente a quien profirió las amenazas de muerte. Lo que comenté es "…que no sabemos si se trata de un servidor público, un particular, o  a nombre de quién realizó la amenaza..."  

Por la secrecía  que se exige en la  integración de la queja, no se puede revelar el nombre de la persona que amenazó.

Nunca aludí a los trabajadores de la CFE como los autores de la amenaza de muerte. La queja contra ellos es por exceder sus atribuciones como servidores públicos. 

Tampoco afirme que se trate: ( "...de personas cercanas a la comuna...") 

Todo lo anterior es parte de la investigación para integrar la queja y, es a las autoridades correspondientes actuar en consecuencia, una vez que se tengan los resultados de la misma.

Le pido de la manera más atenta, se publique lo anterior para evitar confusión entre sus lectores.

Sin más por el momento, le reitero mi agradecimiento y que a sus órdenes.

Puebla, Pue, a 9 de junio de 2014.

Atentamente.

Fernando Cuellar Muñoz

Representante.