La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (PRD), secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, impulsa una iniciativa para crear una Visa de Tránsito de migrantes centroamericanos, con el objetivo de eliminar la corrupción, regular su entrada al país y contar con un registro que permita localizar a la gente desaparecida.

Destacó que con la reforma a diversos artículos de la Ley de Migración también se busca establecer que ningún elemento de las Fuerzas Armadas, corporaciones policiacas y seguridad pública federales, estatales o municipales, pueda detener a las personas para comprobar su situación migratoria. Tal facultad corresponderá única y exclusivamente a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM).

Aclaró que cualquier violación a esta prohibición se consideraría como delito grave, en virtud de que son cometidos en contra de la población migrante en situación de vulnerabilidad, ya que se equipararía al delito de abuso de autoridad descrito en el Código Penal Federal.

Los delitos de intimidación, cohecho, amenazas, robo, extorsión, secuestro, robo de órganos, trata de personas o violación que cometa personal del Instituto Nacional de Migración, también serán considerados como graves.

La diputada explicó que se podría imponer un costo de 10 dólares por visa y ese recurso destinarlo para mejorar las instalaciones del INM y los refugios de migrantes.

Refirió que cada año cruzan el país alrededor de 400 mil personas provenientes de diversas naciones, quienes en muchas ocasiones son víctimas de asaltos, extorsión, violación y secuestro. Se calcula que 60 por ciento de las mujeres migrantes son violadas y también los hombres sufren de esta agresión, aunque lo reportan en menor número, por vergüenza. Asimismo, los infantes son presa fácil para la trata de personas.

Mencionó que los migrantes son violentados por policías municipales, agentes del INM, garroteros del ferrocarril, vecinos de las comunidades y el crimen organizado, el cual ha incurrido en matanzas masivas, extorsiones y en forzar a las personas a trabajar para ellos en actividades delictivas.

“El número de desaparecidos se calcula en 10 mil y en varios miles la cantidad de muertos anualmente”, enfatizó.

Valles Sampedro comentó que otro problema es que los agentes migratorios asignados en los aeropuertos solicitan indebidamente visa de internación a los pasajeros de vuelos internacionales en tránsito a un tercer país y teniendo la conexión aérea dentro de las 24 horas siguientes a su llegada, como una fórmula para extorsionarlos y solicitar dádivas económicas, so pena de ser devueltos a sus países de origen.

En ocasiones, agregó, aun teniendo visas, las amenazas fueron cumplidas y los agentes de migración los devolvieron a sus países de origen, provocando graves daños económicos a los migrantes.

Por ello, su iniciativa, presentada ante la Comisión Permanente, precisa que no se requiere permiso cuando se trate de pasajeros de vuelos internacionales en tránsito a un tercer país y teniendo la conexión aérea dentro de las 24 horas siguientes a su llegada.

Respecto a la Visa de Tránsito, ésta sería por 90 días y beneficiaría a los migrantes centroamericanos.

También planteó que todas las autoridades migratorias tendrían la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, deberán prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos que se cometan en contra de los migrantes, sean estos nacionales o extranjeros.