La Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, para ampliar la presencia del Ejército en calles para realizar labores de Seguridad Pública hasta 2028.

Con 339 votos a favor, en su mayoría de Morena y sus aliados, así como con ayuda del PRI, se avaló la reforma militar, aunque hubo 155 en contra del PAN, MC y la mayoría del PRD, tras ocho horas de discusión en el Pleno, luego de que la iniciativa fuera aprobada el mismo miércoles en comisiones.

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Ahora, la nueva reforma que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en calles hasta 2028 será turnada a los 32 congresos locales, donde deberá de ser aprobado por al menos 17 legislaturas para que después sea retornada a la Cámara donde ser originó la iniciativa para dar la declaratoria de publicidad y de ahí vaya con el Ejecutivo para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante la exposición de motivos, el diputado federal de Morena, Óscar Cantón Zetina destacó que se busca brindar tiempo y confianza a las Fuerzas Armadas para fortalecer la seguridad pública hasta 2028 y lograr la consolidación de la Guardia Nacional.

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Iriarte Mercado, expresó que el dictamen representa un paso importante en la misión de un México seguro, reafirma la ampliación del plazo de actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, determina que esa ampliación no puede transcurrir inobservada y señala que su participación será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Indicó que cualquier esfuerzo en esta materia será insuficiente si no se acompaña de las previsiones presupuestarias necesarias; sin ellas, se estaría promoviendo una reforma sin herramientas.

Con la reforma, a partir del ejercicio fiscal 2023, apuntó, se deberá establecer un fondo permanente de apoyo a las entidades y municipios para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.

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Y quienes aprovecharon para censurar duramente la reforma fueron los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Riestra Piña y Humberto Aguilar Coronado, al manifestar que la reforma “es un engaño a los mexicanos”. Mientras que el primero aseguró que la reforma es la confirmación de que la estrategia del Gobierno Federal ha fracasado.

Las cifras no mienten, puntualizó con casi 140 mil homicidios dolosos, 40 mil desaparecidos, 11 feminicidios diarios, cifras máximas históricas en extorsiones, 38 periodistas asesinados, 8 de las 10 ciudades más violentas del mundo son mexicanas. “Lo peor es que esta reforma no corrige ninguno de estos errores”, aseguró.

Advirtió que durante esta administración México ha sucumbido ante el imperio del narco y será recordado como el sexenio del dolor y el resentimiento.

Detalló que las modificaciones realizadas en el Senado a esta iniciativa son “un gatopardismo puro, cambian todo para que nada cambie.

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Por su parte, el legislador, Humberto Aguilar Coronado apuntó que cuando a López Obrador le restan dos años para construir la Guardia Nacional que le prometió a México, “prefiere escapar por la vía fácil, rechazar su deber, rendirse anticipadamente y ordenar a sus bancadas que aprueben leyes que adscriben la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional.

Recordó que como en los siglos XIX y XX, los mexicanos del Siglo XXI “tendremos que desahogar largas luchas para que el poder militar vuelva a estar supeditado al poder civil”.

El dictamen aprobado Erick establece que serán los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, que el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.

Precisa que, conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la participación deberá ser extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil.

Señala que el Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Legisladora poblana de Morena vuelve a votar en contra

La diputada federal de Morena, Inés Parra Juárez de nueva cuenta votó en contra de la iniciativa. Argumentó que se ha demostrado la inviabilidad de seguir manteniendo al ejército en las calles: “los capos siguen haciendo de las suyas, corrompiendo ahora a los militares; siguen libres sin procesos judiciales, y menos han sido detenidas las cabecillas del crimen organizado, que tienen en vilo a la sociedad por su actitud abiertamente agresiva”, señaló.

Aseguró que es una estrategia fallida seguir en la terquedad de la militarización de la seguridad pública de nuestro país.

La congresista por Ajalpan, afirmó que la propuesta de reforma al Quinto Transitorio Constitucional de 2019, propuesto y modificado por los priistas Yolanda de la Torre, Alejandro Moreno Cárdenas y Silvana Beltrones “es una propuesta militarista a cambio de impunidad para “Alito” y dinero extra sin control para los Gobiernos Locales y Municipales, es una propuesta perversa de origen por eso reafirmó mi voto en contra”.

“La reforma Yolanda, Alito, Beltrones es un descarado chantaje, una afrenta a la nación y un pacto pernicioso entre Morena y el PRI. Estamos viendo la degeneración nacional. No puedo apoyar una propuesta militarista que canjea impunidad y corrupción”, sostuvo.