Académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) denunciaron, de manera simultánea en el Distrito Federal (DF) y en Puebla, la destrucción sistemática del patrimonio arquitectónico de la entidad poblana y reiteraron su rechazo a la construcción del Distribuidor Vial Cholula.

Los inconformes responsabilizaron a las autoridades del Instituto, tanto a nivel local como federal, de violar los reglamentos del organismo y tomar decisiones arbitrarias respecto a la autorización de proyectos que atentan contra el capital histórico del estado, hecho que ha afectado a decenas de inmuebles considerados Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Asimismo, acusaron al gobierno del estado de emprender proyectos que no prevén la protección de los inmuebles emblemáticos, sino que por el contrario, buscan la comercialización de ese tipo de espacios.

Al menos una veintena de trabajadores de la delegación del INAH en Puebla, acusaron en conferencia de prensa que la dirección de esa instancia, que actualmente ocupa Francisco Ortiz Pedraza, así como la directora general del mismo Teresa Franco González Salas, toman decisiones unipersonales y arbitrarias respecto a la ejecución de proyectos que, además, atentan contra el patrimonio histórico de los poblanos.

Explicaron que han enviado múltiples solicitudes a ambos directivos, a fin de que les expliquen los pormenores de proyectos que actualmente ejecuta el gobierno estatal y que interfieren con el patrimonio que debe resguardar el INAH, sin que hayan recibido alguna respuesta.

Elisa Ávila Rivera, quien es restauradora de inmuebles, explicó que cuando surge una discrepancia en los criterios a aplicar en algún proyecto por parte de los académicos del INAH, el reglamento indica que debe realizarse una discusión a fondo, sin embargo, esta no se lleva a cabo.

Analizan estrategia legal

Ante la situación planteada, la cual dijeron que se ha convertido en una “tipología de destrucción de la ciudad”, los trabajadores del INAH en Puebla adelantaron que con sus pares a nivel nacional analizan un camino legal a seguir, pues insistieron que los directivos no toman en cuenta sus peticiones, por lo que no descartaron recurrir a amparos.

El patrimonio afectado

Los académicos hicieron un recuento de los inmuebles más relevantes que han sido dañados por la construcción de nuevos proyectos, particularmente ejecutados durante la actual administración estatal.

Entre los edificios afectados, la antropóloga Sonia Espinoza Martínez enlistó los ubicados en las calles 17 poniente, 14 oriente, 10 sur, en la 10 oriente como “El Portalillo” que fue intervenido por la administración estatal, el Museo Amparo, inmuebles ubicados en los Lavaderos de Almoloya, estructuras del siglo XIX del Paseo Bravo, otras construcciones del Barrio de Xanenetla, así como el cerro de Loreto y Guadalupe.

No obstante, dijeron que también han encontrado afectaciones en inmuebles de los municipios de Cholula y Cuetzalan.

Refirieron que los nuevos proyectos emprendidos afectan mayoritariamente los interiores de los inmuebles y no sólo las fachadas, pues usualmente estas son conservadas para no provocar inconformidades. 

Reiteran rechazo al Distribuidor Vial Cholula

En la rueda de prensa que los trabajadores del INAH realizaron este lunes en la Ciudad de México, reiteraron su rechazo a la construcción del Distribuidor Vial de Cholula, pues señalaron que la obra afecta el patrimonio arqueológico de la zona, misma que alberga la pirámide más grande en volumen del mundo.

“El proyecto de la obra en cuestión, contempla la construcción de un puente atirantado de grandes dimensiones. Una obra de esta naturaleza significa atentar gravemente contra uno de los paisajes culturales más icónicos de nuestros país, constituido por la Gran Pirámide, el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios y el volcán Popocatépetl, protegidos por los convenios internacionales signados por nuestro país y asentado en el artículo 8° párrafo 2do, del Decreto de Zona de Monumentos Arqueológicos de Cholula el 24 de noviembre de 1993”, cita el pronunciamiento de los académicos.

Asimismo, recordaron que la obra se construye con un documento de “pre-factibiidad” otorgado por la delegación del INAH en Puebla, por lo que no existe una autorización formal para la obra.