Miriam Vázquez denunció que es acosada por su expareja Ramón N., quien se encuentra en libertad condicional acusado de sustracción de menores, violencia vicaria y de la violación de su hijastra.

En entrevista la mujer señaló que el 1 de septiembre el sujeto no acudió a firmar al juzgado, como lo obliga la medida cautelar que le fue impuesta tras no ser encarcelado.

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Derivado de esto, Miriam acusó que es vigilada por él e incluso sus vecinos lo han visto rondar por donde ella vive.  

“Quiero que lo detengan, porque de donde me vine, él ya anda cerca y hay gente que lo ha visto cerca, está como a media hora de donde yo ando, realmente es lo único que pido”, expresó.

Tras denunciar a su expareja, Miriam se cambió de casa, actualmente trabaja y estudia, pero señaló que no ha tenido apoyo real del gobierno estatal, pese a la promesa del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien incluso aseguró hace unos días que el proceso legal estaba avanzando, situación que ella desmintió.

“Sí se me hace injusto que estén diciendo que el total apoyo cuando no es verdad, yo tengo que estar cambiándome de un lugar a otro de vivir, porque me están localizando”, alertó.

Piden revisar libertad condicional del agresor

Con un oficio la abogada de Miriam pidió al recién sancionado juez Lucio León Mata, una revisión de la medida cautelar de Ramón N., tras la inasistencia a firmar la libertad condicional.

La mujer advirtió que teme represalias tras la reciente suspensión del juez, así como del personal de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI), a los cuales denunció y cree que se molestaron como ella, solo por exigir sus derechos.

“El personal de CEEAVI y hay jueces molestos por lo que ha pasado, es gente de poder que podrían terminar con mi vida en cualquier momento y eso es solo por ser una mujer que decidió alzar la voz y el ser juzgada por la violación de mi asesor jurídico”, lamentó.

Miriam insistió que quiere recuperar a sus dos hijas y a su nieta, quienes siguen bajo custodia del SEDIF estatal y acusó que la Fiscalía General del Estado (FGE) se ha negado a devolverlas.