Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han otorgado 900 contratos a empresas ilegales; la mayoría de ellos a través de adjudicación directa.

Entre 2018 y 2022 el gobierno entregó más de 900 contratos a empresas sancionadas; 90 por ciento a través de adjudicación directa y 200 fueron otorgados en una fecha posterior a su sanción, un equivalente a 50 millones de pesos.

Las empresas que incumplen la ley pueden tener tres tipos de sanciones: multa, inhabilitación o ambas, dependiendo de la irregularidad o falta cometida. Dar contratos a empresas sancionadas en años anteriores conlleva el riesgo de que vuelvan a incumplir, sin embargo, siguen dándoselos.

Algunas razones para sancionarlas: nunca se presentaron a firmar sus contratos, presentaron documentación falsa, incumplieron sus contratos o nunca entregaron lo acordado.

Un caso a destacar son los 121 contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por más de 58 millones de pesos a una persona física sancionada en 2019, que menos de un mes después, ya había tenido 4 contratos por adjudicación directa para la adquisición de medicamentos.

Asimismo, hay cerca de 10 mil contratos que no se entregaron por licitación pública bajo la justificación de que eran por montos inferiores a los límites que establece la ley, sin embargo, al revisarlos, se descubrió que sí excedieron los montos.

Entre los contratos que violaron al evitar la licitación aún cuando superaron el monto legal establecido para ello, destaca un contrato de 2019 del IMSS que superó en 6 mil millones de pesos el monto que tenía permitido.

Empresas inhabilitadas

Los nueve contratos para empresas inhabilitadas fueron dos en 2018, seis en 2021 y uno en 2022, que sumaron 5.6 millones de pesos. Según su proceso de contratación, cinco fueron por licitación pública, tres por adjudicación directa y uno fue asignado por invitación restringida.

Las inhabilitaciones buscan evitar que el gobierno vuelva a comprometerse con empresas que cometieron faltas graves, tales como haber falsificado información en documentos legales, por lo que tener un contrato con ellas es una violación a la ley.

Empresas fantasmas

Estas son personas físicas o morales, proveedores o empresas, que no tienen los recursos para realizar las actividades que proponen; sin embargo, sí generan facturas y reciben el dinero mediante esquemas ilegales, por lo que son usadas para triangular dinero o desviar recursos del gobierno.

De 2018 a 2022 han sido beneficiadas 52 empresas, las cuales suman 260 millones de pesos en contratos con 63 entidades y dependencias del gobierno federal de México.

Si bien disminuyó el número de contratos con este tipo de empresas, aumentó la cantidad de recursos otorgados en cada uno de ellos: 121 por 100 millones de pesos (2018), 39 por 135 millones (2019), 14 por 19 millones (2020), tres por un millón (2021), tres por 2.5 millones (2022).