Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) advirtió que la ciudad de Tula, Hidalgo podría nuevamente enfrentar una inundación frente a la temporada de ciclones de 2022, debido a la corrupción y mala gestión en el sistema de drenajes de la entidad.

El pasado 6 de septiembre del 2021 las fuertes lluvias en el centro del país llevaron al desbordamiento del río Tula, el cual provocó que 70 mil personas perdieran su patrimonio y 17 más murieran luego de inundar el primer piso del Hospital General de Zona No. 5.

En noviembre de ese año, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el desbordamiento del río fue provocado por la decisión deliberada de desviar las aguas residuales de los túneles Emisor Central y Emisor Oriente al río Tula y no por causas naturales, como se dijo inicialmente.

Dicha inundación fue planeada para salvaguardar el Valle de México, provocando que en los días posteriores la población sufriera una falta de apoyos para recuperar la cotidianidad; dejando en evidencia una deficiente atención de desastres, así como la corrupción e impunidad que pueden tener un efecto devastador en la vida de las personas.

Los municipios afectados por las inundaciones en la Zona Metropolitana del Valle de México fueron Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl y Ecatepec; en Hidalgo fueron Tula de Allende (el más afectado), Ixmiquilpan, Tlaxcoapan, Tezontepec de Aldama, Chilcuautla, Tasquillo, Tlahuelilpan, Tepeji del Río y Mixquiahuala.

Tula una zona de sacrificio e impunidad

Dean Chanim, doctor en antropología por la universidad de Stanford, denunció que los Sistemas de Agua de la Ciudad de México (Sacmex) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sacrifican zonas marginadas y de la periferia cuando los drenajes de la Ciudad y del Estado de México rebasan su capacidad.

La hipótesis del especialista que ha estudiado la problemática del sistema de drenaje del Valle de México, fue negada por el presidente López Obrador el 7 de septiembre, quien aseguró que el desbordamiento del río Tula fue provocado por causas naturales y lluvias anormales.

Sin embargo, dos meses después, Conagua presentó un informe que reconocía que la inundación fue provocada por las constantes descargas de aguas pluviales procedentes de la Ciudad de México por medio del Túnel Emisor Oriente (TEO) hacia el río Tula.

Además, dicho informe señala que desde el 2009 las autoridades tenían conocimiento sobre una posible inundación en la zona gracias al Atlas de Riesgo de Hidalgo.

Desde su planeación en 2008 el TEO fue diseñado como una alternativa para evitar las inundaciones en la Ciudad de México y zonas conurbadas, al duplicar la capacidad de drenaje de la Cuenca del Valle de México, pues enviaría las aguas residuales a la planta de tratamiento de Atotonilco de Tula.

Sin embargo, ambientalistas se opusieron a la obra advirtiendo el daño que le ocasionarían a la flora y fauna de Tula; además de poner en riesgo a otros municipios como Ixmiquilpan, el cual también se inundó el 6 de septiembre; pese a ello, el gobierno y Conagua los acusaron de ser miembros de la oposición.

Ocho días después, la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para los municipios del Valle de Mezquital por riesgo a otra inundación.

Luego de la tragedia, el gobernador Omar Fayad declaró que se buscarían a los culpables y aseguró que no habría impunidad; sin embargo, dos días después dio a conocer que no había ninguna persona culpable por la inundación ni por las muertes, lo cual fue respaldado por Manuel Hernández Badillo, presidente municipal de Tula.

Asimismo, confirmó que, desde el 3 de septiembre, unos días antes de la inundación, existía información de un posible desborde del río Tula, pero no de las magnitudes vistas; por lo que prometió que en colaboración con el gobierno federal revestirían el río Tula con concreto, desazolvar el cauce y demoler cuatro puentes de cruce, lo cual no ha ocurrido.

Una ayuda que nunca llegó

Luego del desastre, diversos medios locales difundieron que los colchones entregados a las familias damnificadas durante principios de febrero de este año fueron reconstruidos pues tenían manchas de sangre, orina y chinches y no eran nuevos como prometió el gobierno.

La asociación Unidos X Tula calculó que el costo promedio por colchón oscila entre 50 y 100 pesos, sin embargo, el gobierno municipal de Badillo gastó 974 mil pesos por 743 colchones, un costo aproximado de más de mil 290 pesos por colchón.

En marzo de 2022, el municipio de Tula inició una queja ante Profeco, por la adquisición de colchones como si fueran nuevos; no obstante, al menos 60 personas afectadas aún no han recibido cambios o reembolsos por el colchón defectuoso.

A siete meses de la inundación, los damnificados siguen sin recibir justicia, escuchando promesas vacías y endeudándose para poder regresar a su vida normal; viviendo con secuelas físicas, patrimoniales y emocionales, las cuales no han sido cubiertas por las autoridades.

El asunto se mantiene en la agenda pública gracias a las acciones emprendidas por las víctimas, quienes solicitaron una investigación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) y participar en las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).