La Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla impuso medidas cautelares al exsecretario de Gobernación del estado, David Méndez Márquez, por difundir propaganda gubernamental en redes sociales, mientras que exoneró al presidente municipal Eduardo Rivera Pérez y al diputado local Iván Herrera Villagómez, de transgredir la veda de la consulta de revocación de mandato.

Este viernes en sesión ordinaria, la junta local aprobó por unanimidad la resolución de las denuncias presentadas ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.

La primera resolución fue del expediente JL/PE/IVR/RM/PEF/PUE/3/2022, en contra del diputado local de Morena, Iván Herrera Villagómez. La solicitud de medidas cautelares fue promovida por la ciudadana María Guadalupe Espinoza Aguilar, quien denunció la difusión de propaganda en periodo prohibido y uso indebido de recursos públicos.

Los agravios fueron desestimados debido a que el legislador aseguró que es su derecho difundir y publicar en sus redes sociales información, con base en el derecho de la libre expresión. En cuanto al posible uso de recursos públicos, el caso deberá ser analizado por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La ciudadana también presentó una denuncia en contra del titular del delegado del Instituto Nacional de Migración en el estado de Puebla (INM), David Méndez Márquez, bajo los mismos términos en el expediente JL/PE/IVR/RM/PEF/PUE/5/2022.

La promoverte aseguró que el funcionario publicó avances y logros de la institución que encabeza, difundió información genérica de la dependencia a su cargo y de las actividades que, conforme a su agenda, ha llevado a cabo.

Debido a que estas acciones difundidas en redes sociales sí se consideran propaganda gubernamental, se determinó calificar como procedente la denuncia, por lo que deberá eliminar las publicaciones en un plazo de un día.

Sobre los expedientes ENJL/PE/IVR/RM/PEF/PUE/2/2022 y su acumulado JL/PE/IVR/RM/PEF/PUE/4/2022, promovidos contra de Rivera Pérez, fueron declarados improcedentes.

Los recursos fueron presentados por el ciudadano Isaac Velásquez Rojas, quien acusó al alcalde panista de la violación de la veda por difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido y uso indebido de recursos públicos, sin embargo, sus pruebas no fueron suficientes para calificar el agravio.