El plan del ayuntamiento de Puebla para concesionar por diez años 488 espacios publicitarios provocó el primer diferendo público entre el gobernador morenista Luis Miguel Barbosa Huerta y el alcalde panista Eduardo Rivera Pérez.

En rueda de prensa este martes el mandatario estatal arremetió contra la concesión por considerarla un abuso similar a los de gobiernos pasados de la capital y otros municipios, que concesionaron hasta por 30 años servicios públicos como el agua o la recolección de basura.

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Sin decir nombres, advirtió a las y los presidentes municipales que no permitirá estos “abusos” y sentenció: “¿o qué solamente bajo el esquema de persecución se portan bien? ¿Y si no hay persecución empiezan a soltarse las alitas?”.

Todo esto al reiterar su rechazo a la concesión de espacios publicitarios que licitó el ayuntamiento de Puebla encabezado por Rivera Pérez, quien en su primer mandato en la capital (2011-2014) se enfrentó al entonces gobernador Rafael Moreno Valle y luego denunció ser víctima de una persecución política.

El mandatario además sentenció que el Código Fiscal del municipio no está por encima de la Constitución del estado, por lo que la concesión requiere el aval del Congreso, no solo del Cabildo, como ha sostenido el presidente municipal.

Pondrá Barbosa límite a licitaciones

Por lo anterior Barbosa Huerta anunció una reforma para regular y limitar las concesiones que otorguen los ayuntamientos, pues denunció que siempre son utilizadas para ejercer control político después de dejar el cargo.

Adelantó que la Consejería Jurídica elabora una iniciativa de reforma que limite el plazo de las concesiones, a fin de que concluyan a la mitad de la administración siguiente a la que la avaló, para que los gobiernos puedan revisarlas y evaluar su continuidad o cancelación.

En este sentido, el titular de la Consejería Jurídica, Carlos Palafox Galeana, advirtió que la concesión que planea el ayuntamiento requiere la autorización del Congreso del estado, por exceder la duración de la administración municipal.

La concesión de publicidad que tiene previsto el @PueblaAyto debe ser autorizado también por el Congreso, ya que el contrato de 10 años excede la gestión del presidente @eduardorivera01, así lo informó el Consejero Jurídico del estado, Carlos Palafox Galeana. pic.twitter.com/ERdS4Uk7IT

— Periódico e-consulta (@e_consulta) March 29, 2022

Congreso condiciona su aval

El presidente del Congreso del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina (de Morena), exigió a Rivera Pérez garantizar la transparencia en la concesión de publicidad y enviarla al poder Legislativo para su análisis. 

En entrevista denunció que la concesión que planea el ayuntamiento condenaría a futuras administraciones en la toma de decisiones, pues el contrato excede su periodo constitucional como alcalde. 

"Si es necesario que las concesiones se vayan al Congreso para dar máxima transparencia, hay que hacerlo, si rebasa el periodo de gobierno constitucional, es nuestra obligación el poder salvaguardar los derechos de los poblanos para el ejercicio siguiente, porque si no, se condena a diferentes períodos sin que se tomen decisiones en el gobierno en turno”, reclamó. 

Al coincidir con Barbosa Huerta respecto a que con estas prácticas se busca obtener un control político en las siguientes administraciones, demandó un análisis a fondo para determinar las facultades que se tienen para aprobar el contrato. 

Exigió además al ayuntamiento no sustentar sus acciones con base en lagunas legales, sino generar consensos para el beneficio de la ciudadanía, respetando la autonomía de los municipios. 

“Mantenemos comunicación permanente, independientemente a las posturas que se generan, pero nos toca analizar cualquier tipo de concesión más allá del periodo de su gobierno. En vez de encontrar otras salidas a la ley, busquemos los consensos y los sustentamos en la ley, para que sea un beneficio para todos, respetando la autonomía de los municipios”, aseguró. 

Desdeña Rivera aval del Congreso

Por su parte Rivera Pérez señaló que no hay un impedimento legal para que se entregue por diez años la concesión, además de que no es un asunto que deba ser aprobado por el Congreso del estado, toda vez que no se trata de un contrato.

En entrevista indicó que, si bien en el artículo 57 fracción séptima de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla se otorgan ciertas facultades al Congreso del Estado para aprobar la enajenación de bienes, y los contratos con una duración mayor al periodo del ayuntamiento, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que las concesiones son un acto mixto compuesto y no se pueden convertir en un simple contrato, por tanto, los ayuntamientos tienen la facultad de celebrar la concesión.

"La ley no específica que sea facultad del Congreso aprobar actos, convenios ni mucho menos concesiones administrativas, solamente específica contratos con una duración mayor al periodo del ayuntamiento y la concesión no es un simple contrato. Y no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte Justicia de la Nación", explicó.

Señaló que en el artículo 82 del reglamento del Código Fiscal y Presupuestario para el municipio se establece que la concesión constituye un acto administrativo de carácter discrecional y que la concesión se materializa una vez que se expide el título, el cual debe ser aprobado solo por el Cabildo y por el presidente del municipio.

Transparencia a unos y otros no

En medio del debate por la concesión, Céspedes Peregrina evitó criticar la opacidad en la que el gobierno estatal otorgó 16 concesiones para verificentros y declaró desiertas las licitaciones de otros 18. 

Aunque dijo que los ayuntamientos y el Ejecutivo deben garantizar la transparencia de las concesiones en beneficio de la ciudadanía, el morenista consideró que no hay nada irregular en el ocultamiento de los beneficiarios de los verificentros o la posible adjudicación directa de los que se declararon desiertos.

“No está, pero si al final de cuentas es algo que le faculta la ley, habrá que tenerlo muy claro”, declaró sobre el tema.

El lunes se publicó un acuerdo en el Periódico Oficial del Estado en la que se declaró desierta la licitación de 18 verificentros y se validaron las de 16, pero no se difundieron los nombres de las empresas o personas físicas ganadores y la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial se negó a proporcionarlos.