El pasado viernes 21, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), encargado de decidir sobre la declaratoria de la alerta por violencia de género, una medida para enfrentar graves situaciones de violencia contra las mujeres, decidió posponer su decisión sobre la implementación de la medida en el  Estado de México, hasta el 19 de julio.

Para Amnistía Internacional, las autoridades tenían una gran oportunidad de demostrar su compromiso real con los derechos de las mujeres mexicanas, pero lo han desaprovechado.

En enero de 2011, el SNPASEVM decidió no declarar la alerta de género en el Estado de México. Ante esta decisión organizaciones de la sociedad civil presentaron un amparo que fue admitido por el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal y que ordenó al sistema a volver a decidir sobre este asunto fundando y motivando su decisión en un análisis real de la situación en el Estado de México. En su reunión del pasado viernes 21, no se dieron los pasos necesarios para realizar el análisis de la situación y tomar una decisión fundada tal y como exige la sentencia judicial, postergando el cumplimiento hasta el 19 de julio.

Amnistía Internacional calificó de muy preocupante la falta de acciones concretas de las autoridades mexicanas durante los últimos años para abordar la violencia contra niñas y mujeres que, asegura, es generalizada en numerosos estados. De acuerdo con la organización, la falta de implementación de la alerta de género, que continúa hoy, es un ejemplo más de esta falta de acciones contundentes.
Según Amnistía Internacional, la legislación existente a nivel federal y estatal para proteger a niñas y mujeres de la violencia no se aplica de forma efectiva.

Ante esta decisión, Amnistía Internacional reiteró su llamado a las autoridades mexicanas para que estas modifiquen sus procedimientos para así garantizar la aplicación efectiva del mecanismo de alerta de violencia de género y otras medidas para erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, la organización llama a las autoridades a cumplir a cabalidad con la decisión judicial que obliga a decidir de forma motivada sobre la procedencia de la declaratoria de la alerta de género.

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