La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Aurora Sierra Rodríguez, presentó una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Congreso de Puebla y permitir que un integrante de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), forme parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). 

En sesión ordinaria del Congreso, la panista propuso dos modificaciones, la primera, para reformar el artículo 10 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, y la segunda, para cambiar los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II y 147, ambas en el sentido de incluir a un diputado en el SEA. 

Para Sierra Rodríguez, el Legislativo local ha sido excluido de las labores que se realizan en el SEA pues entre las personas que integran este órgano de vigilancia y transparencia no está la presencia de un diputado local que permita identificar los obstáculos a los que se enfrentan las instituciones en materia al combate a la corrupción. 

“La participación directa del Poder Legislativo en el Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla nos permitirá tener un diagnóstico de los obstáculos que se presentan en las Instituciones del Estado en materia de corrupción; de esa manera, se contará con información para realizar análisis y evaluaciones para impulsar los trabajos legislativos que sean necesarios para establecer políticas de prevención, detección y sanción”, argumenta la panista en su iniciativa. 

Aurora Sierra detalló que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Puebla se contabilizaron 145 mil 424 víctimas de corrupción, de los cuales 113 mil padecieron extorsiones policiacas y 64 mil, de servidores públicos.

A nivel nacional se reportan 18 mil 497 casos de corrupción,  lo que equivale a 771 casos por hora o 13 por minuto. 

Actualmente el SEA de Puebla está conformado por un Comité Coordinador Estatal, integrado por el Comité Estatal de Participación Ciudadana, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de Puebla, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el presidente de la Sala Especializada en materia de responsabilidades. 

La iniciativa tiene como objetivo proteger y garantizar los derechos de todas las personas, incluyendo la relación de contrapesos como medida de defensa del ciudadano en este sistema contra la corrupción. 

Proponen aumentar penas por abandono 

Por otra parte, el presidente de la Jugocopo, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presentó una iniciativa para aumentar penas por abandono alimenticio y tipificar parte de un delito, el incumplimiento de obligaciones alimentarias. 

El diputado local de Morena explicó que el Código Penal del Estado de Puebla considera el delito de abandono, sin embargo, no hay un apartado que regule el incumplimiento al suministro de los alimentos que incluyen vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad y libros y material de estudio necesarios; y en el caso de mujeres embarazadas, incluye  la atención médica y hospitalaria del embarazo y parto, en cualquier caso, del padre hacia la madre. 

Céspedes Peregrina argumentó en su iniciativa que no hay un apartado explícito para sancionar la conducta de incumplimiento de obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, por lo que propuso reformar los artículos 354 Bis, 354 ter y 354 quáter y adicionar el 354 quinquies, todos del Código Penal. 

La propuesta busca imponer de tres a cinco años de prisión y multa de cien a cuatrocientas Unidades de Medida y Actualización por incumplimiento; la reparación del daño será la cantidad por concepto de alimentos no suministrados oportunamente, y será catalogado como un delito aun cuando los acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban ayuda de un tercero.