Los diputados locales de la Comisión de Procuración y Justicia aprobaron por unanimidad reformas para establecer como obligación que los defensores públicos tengan la asignación de un intérprete de señas mexicanas o la emisión de un documento en sistema de escritura braille.

El punto de acuerdo fue presentado por la diputada local de Morena, Olga Romero Garci Crespo el pasado 25 de noviembre de 2021 y prevé reformar el último párrafo del artículo 6 y las fracciones XII y XIII del artículo 24; adicionar la fracción XIV de la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Puebla.

El objetivo es garantizar que cuando la persona que necesite asistencia jurídica y tenga alguna discapacidad que impida la comunicación, el estado deberá asignar a un intérprete y “garantizar los derechos de este grupo altamente vulnerable pues, las personas con discapacidad se enfrentan a barreras que limitan su participación y desarrollo en la sociedad”, dice el dictamen.

La morenista argumentó que de acuerdo con la Encuesta Nacional Demográfica 2014, las personas con discapacidad en el país son el 6 por ciento de la población, unos 7.2 millones de ciudadanos.

Además, destacan tres sectores sociales que se ven limitados, los afectados por discapacidad auditiva, mutismo y ceguera.

La Ley de Defensoría del gobierno federal establece que deberán contar con intérpretes para personas indígenas que soliciten asesoramiento y el apoyo debe  ser de calidad, pero no se prevé ayuda para personas con discapacidad.

Por ello se propone agregar al último párrafo del artículo 6, lo siguiente: “ si la persona presenta alguna discapacidad auditiva o visual, sea asistida con un intérprete de lengua de señas mexicana o en su caso se solicitará la emisión de documentos en sistema braille”.