• Política

Piden en el Congreso destituir a Francisco Romero de la ASE

  • Mariana Salinas
Jueves, Febrero 24, 2022 - 13:21
En el Congreso de Puebla se presentó un punto de acuerdo para dar inicial proceso de destitución
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En el Congreso de Puebla se pidió formalmente iniciar la destitución de Francisco Romero Serrano de la Auditoría Superior del Estado (ASE), debido a que enfrenta un proceso penal por el delito de violencia familiar, razón por la que fue suspendido del cargo desde el pasado 13 de febrero por orden de un juez de Control.

La remoción se solicitó este jueves a través de un punto de acuerdo promovido por el diputado Eduardo Castillo López y la diputada Azucena Rosas Tapia (ambos de Morena).

En asuntos generales de la sesión ordinaria se admitió la solicitud, se le dio lectura y en ella se expuso los motivos por los que el auditor debe ser removido mediante las nuevas reformas que impulsó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

“Cualquier circunstancia análoga a las previstas en la ley y que afecte en el buen despacho del proceso de fiscalización y combate a la corrupción, según a la medida cautelar, Francisco Romero Serrano no está en condiciones de despachar de manera alguna la función de fiscalización”, sentencia la solicitud de remoción. 

De acuerdo con el punto de acuerdo, con la vinculación a proceso de Francisco Romero ya no existe "la base mínima de confianza" que la ciudadanía deposita en el funcionario, en el caso concreto del control de la gestión financiera y presupuestal.

Además se expone que viola el artículo 113 en su fracción octava de la Constitución Política de Puebla (repormada a petición de Barbosa Huerta), en la que se señala que el titular de la ASE debe de ser removido si no se acredita el buen despacho de las atribuciones y competencia necesarias para mantener de forma estable y continua su cargo. 

“Se encuentra judicialmente vinculado a proceso, por lo que puede ser sujeto a otras medidas cautelares o providencias mayores a la existente, por lo que la actividad de la ASE y su función de su fiscalización podría ser afectada por la situación legal de su titular”, argumenta la petición. 

La solicitud de los morenistas fue turnada a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE, que encabeza la diputada local Olga Romero Garci Crespo, así que en próximos días se definirá el inicio de la destitución de Romero Serrano.

La destitución que viene

Con las reformas constitucionales de Barbosa Huerta al artículo 113 ahora se existen ocho causales para la remoción del auditor. La destitución se analizará primero en la comisión y posteriormente en el pleno, donde deberá ser aprobada por al menos el voto de 28 congresistas. 

La destitución tendrá efectos inmediatos y dará paso al proceso para elegir a un nuevo titular de la ASE para un nuevo periodo completo de siete años, con posibilidad de ser ratificado por otro periodo igual.

El artículo 113 de la Constitución del Estado ahora establece que el titular de la ASE puede ser removido por:

I. Contravenir los principios a los que se debe ajustar la función de fiscalización conforme a esta Constitución y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. No satisfacer los requisitos o actualizar los supuestos de prohibición establecidos en el presente artículo;

III. Ausentarse de sus labores por más de un mes sin que medie autorización del Congreso;

IV. Abstenerse de presentar en el año correspondiente, sin causa justificada, los informes previstos en la ley;

V. Conducirse con parcialidad o aceptar la injerencia de los partidos políticos en el ejercicio la función de fiscalización, en el proceso de revisión de la Cuenta Pública, así como en los procedimientos de fiscalización y de imposición de sanciones;

VI. Obtener, sin justificación, una evaluación del desempeño no satisfactoria, a juicio del Congreso, durante dos ejercicios consecutivos;

VII. Incurrir en cualquiera de las conductas consideradas como faltas administrativas graves, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y

VIII. Cualquier otra análoga a las anteriores prevista en la Ley y que afecte el buen despacho de la función de fiscalización y el combate a la corrupción.

Reformas con dedicatoria

Este jueves el diputado local Oswaldo Jiménez López (del PAN), aseguró que las recientes reformas fue evidentemente encaminadas a la remoción de Romero Serrano, pero la mayoría de los morenistas decidieron evitar mencionar la operación coordinada desde el gobierno de Barbosa Huerta.

“Creo el personaje en cuestión ha dejado mucho a deber en materia de fiscalización, eso es indudable, pero quiero dejar ver cómo se mueve el aparato de la Legislatura para deshacerse de un personaje, ya sabemos en qué va a terminar, y no por este escrito, sino desde las reformas constitucionales”, señaló en tribuna. 

Acusó que el gobierno de Morena replica las prácticas de lo que prometió evitar, “algo que se hacía en otros congresos, pero en esta legislatura en donde la mayoría son los que apoyan la 4T, hacen uso de las instituciones en contra de las personas”. 

Esta persecución política también fue denunciada por Romero Serrano desde el 2 de febrero, antes de su suspensión y vinculación a proceso, pues en redes sociales señaló que, a través de la Consejería Jurídica y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, se buscó obstruir la fiscalización que realiza la ASE. 

Sostuvo que desde el gobierno de Puebla se ordenó de forma coordinada y sistemática a ayuntamientos, universidades y secretarías evadir la revisión de recursos estatales y federales. 

Persecución judicial y amparos 

A tres años de su nombramiento, Romero Serrano pronosticó su salida desde diciembre de 2021, cuando se dio a conocer que una denuncia en su contra por presuntamente agredir a su pareja, Joseline Zurita Compañ y su hijo, aunque la denuncia no fue presentada por ellos. 

Luego de eso el auditor emitió un mensaje en redes sociales junto con Joseline Zurita, para desmentir la versión de los policías que afirmaron atestiguar la agresión pues, aunque en la carpeta de investigación aseguran tener evidencias, no se ha comprobado el ataque.

Aunque tramitaron amparos y quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para frenar la investigación y solicitar protección ante el hostigamiento judicial, el juez de control a cargo decidió continuar el proceso contra el auditor e imponerle medidas cautelares, como su separación del cargo, la prohibición de salir del país y acudir a firmar periódicamente.

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