Dejando de lado los 720 millones de dólares de la Fundación Jenkins, el problema que vive la UDLAP desde hace más de siete meses es un típico juego de suma negativa: todos pierden.

Pierde la comunidad universitaria (alumnos, exalumnos, padres de familia, trabajadores, funcionarios, profesores), despojada de su campus y metida en un proceso de incertidumbre que ha durado ya demasiado tiempo.

Pierden el gobierno del estado y sus funcionarios. Independientemente de la interpretación del conflicto que se tenga, ese gobierno ha sido incapaz de hacer realidad una de sus principales obligaciones constitucionales: “cumplir y hacer cumplir la ley”.

Aunque fuera cierto su argumento de que se trata de un conflicto entre particulares, el poder público no puede ser ajeno al mismo: está para evitar conflictos y resolverlos. Sobre todo, los que afectan directa e indirectamente a miles de personas.

Aunque fuera cierto, para cualquiera que tenga una información mínima sobre la situación de la universidad poblana sabe que los intentos del gobierno de deslindarse son como tratar de tapar el sol con un dedo.

Ha perdido también Armando Ríos Piter, pues, mal que bien, su imagen como político ha salido lastimada del conflicto. Lo mismo hay que decir de Roberto Gil Zuarth, que parece enredado en su propia madeja. Una madeja compleja y costosa.

Pierde el partido en el poder. El largo y costoso conflicto en la UDLAP se vinculará a ese partido, a su menosprecio por las ideas que difieren de las suyas, por las clases medias, por la educación universitaria.

Pierde el Poder Judicial que ha sido incapaz de dar lugar a una “justicia pronta y expedita”. Además de que uno de sus integrantes ha sido acusado de violar la ley.

Hay quien diga que el verdadero sustrato de la historia humana es el emocional. Que lo que cuenta son las emociones implicadas en los procesos históricos. En las emociones que han acompañado y resultado de este lamentable proceso, todos perdemos.