A casi un mes de que fue instalada la mesa de negociación entre senadores y funcionarios federales para definir el contenido del dictamen en materia político- electoral, no existen condiciones que permitan aprobar los cuatro ordenamientos que la reforma constitucional requiere para ser efectiva.

De acuerdo con una nota del diario 24 Horas, PRI, PAN y PRD, mantienen diferencias en al menos siete puntos de la regulación electoral, siendo uno de los más polémicos el financiamiento a partidos políticos, donde el reparto del dinero público y las aportaciones de particulares ha impedido un acuerdo entre los grupos parlamentarios.

Según reveló el senador Alejandro Encinas Rodríguez, negociador del PRD en la materia, la diferencia  fundamental entre las fuerzas políticas son los topes de los montos que los particulares podrán aportar a los partidos políticos.

Actualmente, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que será reemplazado por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece en su artículo 78 que “cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones, en dinero o en especie, de afiliados y simpatizantes por una cantidad superior al diez por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña presidencial inmediata anterior”.

No obstante, en el nuevo ordenamiento sobre el que se trabaja, el PRD quiere trasladar los términos del Cofipe; mientras el PRI pretende incrementar del 10 al 15 por ciento el  límite de aportaciones privadas y el PAN propone que con el único límite para el capital privado sea que no rebase los topes de gastos de campaña, además de ampliar los donativos en dinero y especie realizado por personas morales (empresas).

En lo que se refiere al manejo de los recursos en campañas electorales, también el tema del rebase de tope de gastos de campaña ha sido un factor que impide la elaboración de un dictamen.

Además, existen diferendos sobre los actos anticipados de campaña y candidaturas comunes, mientras los avances más significativos los reporta la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación

Posponen periodo extraordinario

La falta de entendimiento en torno a los siete temas, que implican el análisis de 27 aristas en la reforma político electoral, canceló el plan de trabajo del Senado y la Cámara de Diputados para esta semana, pues estaba previsto que en estos días se contara con los dictámenes para abrir el periodo extraordinario de sesiones.

El plan era que ayer lunes la llamada Mesa de Aproximación, que cuenta con los integrantes de las mesas directivas de las comisiones dictaminadoras de las leyes electorales, aprobara los proyectos de dictamen para que este martes Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión para la Reforma del Estado, convocara a comisiones unidas para aprobar el dictamen acordado y ya con el documento, solicitar a la Comisión Permanente, el miércoles, que convocara a un periodo extraordinario al Senado para el jueves.

Sin embargo, la carencia de acuerdos tiró el plan. A petición de los panistas, ayer se decretó un receso que concluirá hasta las 18:00 horas de este martes, lo cual implica que la Mesa de Aproximación trabajará hasta entrada la noche.

De acuerdo con los perredistas Alejandro Encinas, Isidro Pedraza y Armando Ríos Piter, al igual que el panista Juan Carlos Romero Hicks, será imposible tener el dictamen aprobado a tiempo para que la Comisión Permanente lo conozca el miércoles.

Para los senadores de oposición el extraordinario será la próxima semana, ya no ésta, pero no frenarán el diálogo, según se informa en otra nota del diario Excélsior.

Miguel Ángel Chico Herrera comentó que así sea en la madrugada del miércoles, convocará a las comisiones unidas para que sesionen muy temprano el miércoles, en caso de que este martes haya acuerdo, incluso adelantó que sólo puedan salir las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos.

Urge la reforma político electoral

La minuta de leyes secundarias más urgente y que tiene plazos precisos son las que reglamentarán la reforma constitucional en materia político-electoral, ya que deben ser aprobadas antes del 30 de junio, para que dé tiempo que los estados homologuen sus leyes locales, declaró el coordinador priista Manlio Fabio Beltrones.

Es muy importante porque se requieren para evitar una crisis electoral en 17 estados del país que incluye al Distrito Federal y la renovación de nueve gobernadores.

Conforme marcan las leyes, en caso de no alcanzar acuerdos para aprobar las leyes secundarias, el Instituto Nacional Electoral (INE) puede operar bajo las normas que tenía el Instituto Federal Electoral (IFE), para no poner en riesgo dichos comicios mencionados.

De acuerdo con diversas declaraciones de diputados y senadores en tres meses antes de iniciar el periodo electoral se deben tener definidas las nuevas leyes.

Para reglamentar la reforma político-electoral, el Congreso necesita crear una ley de instituciones y procedimientos electorales, una de partidos políticos y una de propaganda gubernamental, así como hacer ajustes en materia de causales para anular una elección y delitos electorales.

Con ello quedarían definidos aspectos como en qué casos el nuevo INE podrá encargarse de unos comicios locales o cuáles serán las penas para quien compre o coaccione votos.

La legislación vigente, hasta que no aprueben el paquete de leyes secundarias en materia político electoral, establece que para poder aplicarse en una elección, las reformas electorales tienen que estar vigentes al menos 90 días antes del inicio del proceso.

En el caso de los comicios de 2015, se prevé que éste arranque la primera semana de septiembre.