Las bancadas de PRI, PAN y PRD en San Lázaro presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, al considerar que es regresivo pues recortó y no aumentó recursos a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de los y las mexicanas.

Añadieron que existen varios programas que están destinados a la protección de las y los mexicanos en sus derechos, y agregaron que estos permitían y permiten avanzar en una mayor y mejor cobertura de educación, de salud, fortaleciendo el federalismo, y la protección a la mujer.

Señalaron que el problema es que con este Presupuesto de Egresos se están afectando estos derechos. Para ejemplificar, citaron el documento y mencionaron el caso del 2 sector salud, donde el INSABI sigue todavía sin garantizar la cobertura y el presupuesto efectivo para beneficiarios, mismos que sí se tenían con el seguro popular. Otro de los programas que refieren en el documento es el de “la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, con un recorte en el ramo de aproximadamente 10 mil millones de pesos, que, en palabras de diputados, muestra la regresividad del presupuesto de egresos aprobado.

 En educación, los partidos acusan que se dejó de lado la recuperación de programas destinados a apoyar a las escuelas en el combate del rezago educativo, principalmente en las zonas más vulnerables del país.

 Eso sumado a la desaparición de los programas de Escuelas de Tiempo Completo, el de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena; entre muchos otros. Respecto a los programas enfocados en la igualdad y la protección de la mujer ante la violencia, el presupuesto aprobado también resulta regresivo. Así, según señalaron las bancadas de oposición, lo muestran los recortes en el programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, así como el de la atención a víctimas, y el dedicado a las estancias infantiles.

 En lo relativo al medio ambiente, se concretaron afectaciones al presupuesto para áreas naturales protegidas y la protección de especies y ecosistemas, así como también en una disminución real en el anexo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las y los Diputados explicaron que las dos características de los derechos y los programas públicos que fundamentan la presentación de la acción de inconstitucionalidad son la progresividad y la no regresividad.

Agregaron que este presupuesto de egresos significa una amenaza a la democracia en México, pues afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, obligándolos a materializar su mandato constitucional sin los recursos suficientes, y vulnerando así el derecho que tienen las y los mexicanos a participar en dichos procesos democráticos, como es el caso del proceso de revocación de mandato. Finalmente, las y los legisladores refirieron la importancia que tiene que, por primera vez, en atención a la reforma de 2011, los tres partidos impugnen el presupuesto de 2022 por ser regresivo en los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos.