Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que el 17 de diciembre aprobaron suspender la consulta de revocación de mandato.

Los denunciados por el presunto delito de coalición de servidores públicos fueron el presidente Lorenzo Córdova Vianello, así como de los consejeros Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez, además de Edmundo Jacobo Molina, secretario Ejecutivo del órgano.

Señaló que los consejeros cometieron agravios al servicio público federal y afectaron a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que se debe observar en el desempeño de su encargo.

La demanda dirigida a Jesús George Zamora, titular del órgano fue interpuesta el 22 de diciembre, un día después Gutiérrez Luna, a través de Genaro Vásquez, abogado de la Cámara, presentó un recurso de queja ante el Órgano Interno de Control del INE contra los mismos servidores públicos, por presuntas faltas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El Órgano Interno de Control del INE se encarga de la revisión, control, fiscalización, investigación, inspección y vigilancia de los ingresos, egresos, recursos y patrimonio del INE y tiene la autoridad de fijar responsabilidades administrativas a los empleados del instituto.

Las sanciones, en caso de que la queja sea atendida favorablemente, van desde amonestación, suspensión, sanciones económicas e incluso la destitución.

El martes, Gutiérrez Luna presentó de manera formal una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de posponer, por falta de recursos, el ejercicio de revocación de mandato.

El recurso legal, que denuncia la posible contradicción entre la Constitución y la resolución de los consejeros, fue aceptado a trámite por la Comisión de Receso de la Corte, integrada por las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos-Farjat, quienes concedieron una suspensión.

Con ello, el INE debe cumplir con los tiempos establecidos en la ley para organizar la consulta popular.

Con información de El Universal

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