Estados Unidos ganó un recurso ante el Tribunal de Apelación de Londres contra el fallo que en enero había denegado la extradición de Julian Assange, fundador de Wikileaks, por riesgo de suicidio, argumentando que era demasiado frágil para soportar el sistema judicial.

El Tribunal Superior de Justicia determinó que las garantías estadounidenses eran suficientes para asegurar que Assange recibirá un trato humano y ordenó a una juez de primera instancia que envíe el pedido de extradición a la Secretaría de Interior para su revisión.

El departamento que supervisa la aplicación de la ley en Gran Bretaña, tendrá la decisión final sobre el traslado. Stella Moris, prometida de Assange, calificó la decisión como un grave error judicial y dijo que sus abogados presentarán un recurso a la mayor brevedad posible.

Assange, de 50 años, está retenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres; sus partidarios se congregaron en el exterior del tribunal con pancartas que pedían su liberación.

A principios de año, una jueza rechazó el pedido de EU para extraditarlo por cargos de espionaje derivados de la publicación de documentos militares secretos en WikiLeaks hace una década.

La magistrada de distrito Vanessa Baraitser alegó motivos de salud y señaló que era probable que Assange se suicidara si entraba en el sistema carcelario estadounidense, sin embargo, EU presentó un recurso desafiando la noción de que la salud mental de Assange lo hacía vulnerable para resistir un juicio en el país.

El abogado James Lewis dijo que el fundador de WikiLeaks no tiene un historial de enfermedades mentales graves y duraderas, por lo que no llega al umbral que determinaría que no puede resistirse a autoinfligirse daño.

Autoridades de EU dijeron a los jueces británicos que si accedían a la extradición, Assange no sería retenido en la penitenciaría de máxima seguridad de Florence, Colorado, sino que podría cumplir cualquier sentencia que reciba en su natal Australia.

La fiscalía estadunidense acusó a Julian Assange de 17 casos de espionaje y de uno de uso indebido de computadoras por la publicación de miles de documentos militares y diplomáticos filtrados a través de WikiLeaks.

Los delitos acarrean una pena máxima de 175 años de cárcel, aunque Lewis afirmó que "la sentencia más larga impuesta nunca por este delito es de 63 meses".

Con información de Milenio.

Imagen: elmundo.es