En Puebla se busca aumentar a 9 años de cárcel la pena máxima por difundir a través de redes sociales o medios digitales contenido íntimo de mujeres sin su consentimiento, así como impedir que puedan casarse quienes adeudan pensiones alimenticias.

La diputada Nancy Jiménez Morales (del PAN) busca reformar el artículo 225 del Código Penal de Puebla, para homologar las sanciones establecidas a nivel federal en la llamada "Ley Olimpia", con lo cual se castiga a las personas que difundan contenido íntimo sin consentimiento.

En la sesión ordinaria del Congreso del estado, presentó su iniciativa que busca aumentar a la mitad, la multa económica y la pena máxima de prisión que están vigentes por este delito, cuando sea cometido por alguien con quien la víctima tenga una relación sentimental o de confianza.

También aumentaría la pena cuando el ilícito sea cometido por un servidor público; contra una persona que no pueda comprender el significado del hecho y cuando atente contra la vida de la víctima.

La norma vigente establece penas de tres años a seis años de cárcel y multas que van de los 89 mil 62 a 179 mil 240 pesos, así que de aprobarse su reforma la pena máxima llegaría a nueve años de prisión y la multa más grande sería de 268 mil 302 pesos.

"Este delito se perseguirá por querella de la víctima, salvo que sea menor de edad o padeciere una discapacidad que vicie su consentimiento, en cuyo caso se perseguirá de oficio", señala además su iniciativa.

Si el contenido y la evidencia de la violación a los derechos de la víctima es difundido en medios digitales, el proyecto señala que la autoridad deberá ordenar el retiro del contenido.

Deudores alimenticios no podrán casarse

Por otro lado, la diputada Guadalupe Yamak Taja (del PT), propuso una reforma para impedir que puedan casarse los padres o madres que incumplan con el pago de sus obligaciones alimentarias para la manutención de sus hijos.

Su iniciativa prevé modificar el Código Civil del estado para crear el Registro de Deudores Alimenticios, donde se dará cuenta de las personas que no cumplen con los gastos de manutención.

Quienes tengan su nombre en la lista como deudores, no podrán volver a contraer matrimonio, aunque su juicio de divorcio ya esté resuelto, pues con esto se busca evitar que padres o madres se deslinde de su responsabilidad de garantizar alimentación y educación a sus hijos.

Intérpretes para defensoría

A su vez la diputada Olga Romero Garci Crespo presentó una reforma para modificar el artículo 6, la fracción XII del artículo 24 y adicionar una fracción XIII a la Ley de la Defensoría Pública de Puebla, para garantizar a las personas con discapacidad visual o auditiva los elementos para conocer el proceso para denunciar algún delito.

La iniciativa de la legisladora morenista pretende obligar a la asistencia jurídica gratuita, solicitar intérpretes de señas mexicanas, o dotar de documentos con escritura en Braille a quienes lo requieran.