Mientras las protestas en contra de la represión morenovallista van en aumento, como sucedió ayer con la presencia de 2 mil 500 poblanos que exigieron justicia ante el Congreso de la Unión y en la Secretaría de Gobernación, el ombudsman poblano Adolfo López Badillo trata de minimizar las acciones de los opositores al gobierno estatal.

Para López Badillo, los opositores al gasoducto Morelos se “adelantaron” al acudir ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) debido a que no han “agotado” todas las instancias nacionales.

El responsable de velar por los derechos humanos en la entidad juró y perjuró que la CEDH no fue la quien entregó a uno de los activistas detenidos.

Otra más de Toño El Gordo Márquez

En días pasados la señora que responde al nombre de Illiana Mayaudon Castelán, cliente del susodicho abogado Antonio Márquez, acompañada de tres guaruras, se presentó y allanó una institución especializada en desarrollo artístico para menores, y de manera agresiva y prepotente pretendió sustraer a un menor, para lo cual, y ante la defensa de las responsables de dicho lugar, las agredió físicamente dañando parte del entorno de dicha institución y alterando la tranquilidad de muchos menores que ahí se encontraban, manifestando que a ella no le hacían nada, ya que su abogado es Antonio Márquez y que él está muy “bien parado” ante las autoridades judiciales locales y federales.

Afortunadamente, ante los gritos de los menores y de las propias maestras, los vecinos empezaron a acercarse, lo que provocó que esta señora y sus guaruras tuvieran que retirarse del lugar dejando a todos en un estado de alteración inimaginable. Ojalá que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y castiguen a los responsables de esta serie de agresiones en contra de menores, auspiciados por abogados que ante la falta de su capacidad jurídica pretenden resolver temas litigiosos de manera mafiosa, en comparsa con jueces y magistrados, violentando la ley, como es característico de este abogado Antonio Márquez, quien en múltiples ocasiones ha presumido de tener en su nómina a muchos de estos servidores públicos del fuero común y federales.