Fue el pasado 5 de septiembre cuando el gobernador poblano, Luis Miguel Barbosa justificó la detención de cuatro vecinos de Coyomeapan que, según él, incendiaron la presidencia municipal, patrullas y material electoral, además de golpear y secuestrar a personas; por lo que acusó a los habitantes de la localidad de haber cometido “hechos gravísimos” y de estar involucrados con Antorcha Campesina.

Sin embargo, los pobladores presentaron pruebas, evidenciando la mentira del mandatario, pues lo que señaló de haber sido incendiado, está intacto, a pesar que las instalaciones continúan tomadas por los habitantes en resistencia contra la familia Celestino Rosas, acusada de imponer un cacicazgo de casi 11 años.

De acuerdo con el reportaje de Proceso, los residentes mostraron al medio videos, aseguran que la toma ciudadana de las instalaciones fue pacífica, y los edificios los cerraron con candados después de realizar un inventario rápido.

La activista Claudia Martínez, del Colectivo Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, declara que la reunión solicitada el 1 de septiembre por funcionarios del gobierno de Puebla, fue una emboscada, pues a al término Brasilisa Montaño Gutiérrez, exconsejera consultiva de Inmujeres y defensora de los derechos de los pueblos indígenas; el maestro rural de primaria Eruviel Aguilar Gómez, y el sastre Anastasio Gonzalez Sanguinez fueron detenidos por decenas de policías “como si fueran los peores delincuentes”; además, confirmaron que hay otras 27 órdenes de aprehensión contra pobladores.

“Aquí no hay antorcha, no hay PRI ni PAN, somos una unida que peleamos y defendemos nuestros derechos…somos gente que queremos un cambio en nuestro municipio”, expresa uno de los participantes del movimiento que llaman Unidos por Coyomeapa, quienes reclaman la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que le “jale las orejas” a Barbosa por criminalizar la lucha social y proteger el cacicazgo.

Desde Tehuacán, el gobernador Luis Miguel Barbosa declara que “la fiscalía judicializó los casos y el poder judicial dictó las órdenes de aprensión …No hay ningún abuso de autoridad”, así, su gobierno recuperará los edificios que permanecen tomados por los habitantes de Coyomeapan.

La diputada federal por Morena, Inés Parra Juárez urge a que intervenga en Puebla el presidente de la república, la Secretaría de Gobernación, y la comisión de derechos humanos para poner fin al “estado de terror” impuesto por Barbosa Huerta.

Como si del morenovallismo se tratara -se estima que hubo más de 300 perseguidos y presos políticos-, señala que Barbosa usa a la Fiscalía General del Estado, para armar expedientes y a la policía para reprimir, pero a diferencia del ex gobernador, a Barbosa no le importa tergiversar información y lanzar amenazas a quienes van contra sus intereses.

Declara que en Puebla, el mandatario tiene control absoluto y pide al gobierno federal intervenir para evitar que se sigan violentando los derechos humanos.

Integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental decidieron mandar el 18 de septiembre una carta dirigida a López Obrador, y a la presidenta del CNDH, para denunciar que hay una carpeta de investigación abierta contra 50 campesinos, pues han realizado cierre carreteras en protesta a terratenientes y trasnacionales por el uso de bombas antigranizo, las cuales ha provocado la pérdida de cultivos.

Otro caso que se llevó a presidencia es el de los expolicías estatales Oswaldo N y Rafael N, que impulsaron el alza salarial en 2020, que de acuerdo con información de e-consulta  fueron suspendidos, presuntamente por filtrar información y el 17 de agosto, detenidos con armas y drogas que les “sembraron”, aseguran familiares, quienes se manifestaron en día después.

En una entrevista concedida por la esposa de Rafael a e-consulta, señaló que la protesta obedece a que el personal de la Secretaría de Gobernación (Segob) se negó a recibirlos en Casa Aguayo y los envió a la Fiscalía General del Estado (FGE), por ser la instancia que atiende asuntos de procesos penales.

Más tarde de haber iniciado la protesta, uniformados acusaron que comenzaron a recibir amenazas telefónicas con el mensaje de que “los próximos iban a ser ellos”, así como que un grupo de granaderos los iba a ir a quitar por la fuerza.

Pobladores de Santa María Cacalotepec también denunciaron la reactivación por parte de la FGE de un proceso en contra de 19 ejidatarios. El defensor del territorio, José Emiliano Zambrano Aguilar fue sentenciado por el delito de privación ilegal de la libertad.

Grupos feministas y estudiantes denunciaron la detención de Yolanda Beristáin, quien participó en la protesta por la detención del alcalde de Quecholac; el evento tuvo lugar en Casa Aguayo, a la cual Beristáin entró para ya no salir, pues dentro de las instalaciones una orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de la FGE.

Un caso más es el del luchador social Eloy Méndez que sigue prese junto con Isaías Romero. El  24 de junio de 2020 ministeriales entraron con violencia a la casa de Méndez y de 13 integrantes, once detenidos fueron liberados por acceder a firmar un documento que los declara culpables y por pagar daños.

Eloy y Romero aún están en prisión por negarse a reconocer delitos “que no cometieron”.

En enero de 2020 fue el primer caso de criminalización en el gobierno de Barbosa, cuando el defensor del agua en Santa María Zacatepec, Miguel López, fue encarcelado; pero por presión de organizaciones civiles fue puesto en libertad, pero bajo proceso.