Según una carta entregada en la corte de Brooklyn, dentro de un paquete de nuevas pruebas enviadas por fiscales norteamericanos a Cesar de Castro, defensor del mexicano Genaro García Luna, destacan documentos entregados por el gobierno de Colombia.

La fiscal asistente. Jacquelyn M. Kasulis aclaró a la defensa “Estados Unidos tiene la intención de ofrecer en el juicio registros extranjeros de actividades comerciales realizadas regularmente obtenidas de Colombia a través de solicitudes del Tratado de Asistencia Legal Mutua”.

El 15 de junio, el gobierno ingresó una moción para posponer por dos meses la audiencia programada para el 23 del mismo mes, alegando que esperaban respuestas de citaciones pendientes a solicitudes de pruebas extranjeras.

Un mes antes, el 15 de mayo, se adelantó que fue el gobierno de México el que había proporcionado pruebas adicionales y, el 1 de marzo, se dijo que además del mexicano, el gobierno de Panamá también entregó documentos que buscan afianzar el caso.

En este nuevo paquete de descubrimientos se agregan registros financieros, de propiedad y del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, donde el acusado tenía su residencia.

También se suman “documentos recuperados de los dispositivos electrónicos del demandado” y “declaraciones de una determinada persona”.

Hace una década, cuando aún ejercía como Secretario de Seguridad Pública y ya era muy cuestionado en México, García Luna recibió la Medalla del Mérito en mayo del 2011 por parte del entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien destacó “el respaldo y apoyo a la policía de Colombia”.

Con el nuevo gobierno, la justicia colombiana entrega pruebas que buscan condenarlo. Genaro García Luna enfrenta cinco cargos criminales, tres de ellos por participar en una conspiración internacional de trasiego de narcóticos, presuntamente en asociación con el Cártel de Sinaloa.

La nueva audiencia de presentación de García Luna quedó programada para el 25 de agosto y, mientras tanto, en su búsqueda por llevarlo a negociar un acuerdo de culpabilidad, el gobierno estadounidense sigue produciendo material, el cual ya asciende “a un millón de páginas de documentos y voluminosas comunicaciones interceptadas y grabadas”.

Desde la primera producción, con pruebas entregadas el 20 de febrero del 2020 al defensor De Castro, prácticamente cada bimestre los fiscales le han enviado nuevos paquetes de pruebas sin que, al parecer, el Secretario de Seguridad Pública, durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, manifieste intención de declararse culpable.

Con información de Milenio.