El juzgado tercero de distrito en materia de amparo civil concedió la suspensión de amparo provisional a favor de la Fundación Universidad de las Américas Puebla (FUDLAP), los Patronos de la FUDLAP y de la Fundación Mary Street Jenkins que preside Margarita Jenkins de Landa, para restituir el control del campus de la institución ubicada en San Andrés Cholula.

El Consejo de la Judicatura Federal publicó la mañana del viernes la resolución del expediente 1029/2021-IV en el que se desconoce al patronato nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla que depende del gobierno de Miguel Barbosa Huerta.

La resolución también desconoce el nombramiento de Armando Ríos Piter como rector, y ordena la devolución del campus y el desbloqueo de las cuentas bancarias de la UDLAP.

La suspensión provisional tiene efecto en tanto que se da un fallo definitivo en el juicio de amparo promovido por los patronos a los que desconoció la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla.

Un comunicado de la universidad señala que la resolución desconoce al patronato avalado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada –organismo del gobierno de Puebla- y al rector que aquél designó en la persona de Armando Ríos Piter.

Luis Ernesto Derbez Bautista confirmó que el juez restituyó al patronato original de la UDLAP y lo ratificó a él como rector.

Derbez  dijo: estamos listos para regresar al campus; el camino para la recuperación será con la parte jurídica, sin violencia y de manera transparente.

Derbez Bautista dijo confiar en que la devolución de las instalaciones sea un proceso transparente y pacífico, pues de no hacerlo sería violar el mandato judicial.

Asimismo, aclaró que si decidieron entregar las cuentas bancarias al nuevo patronato de la UDLAP fue para dar certeza a los trabajadores del pago de su nómina.

“Lo más importante era dar certeza, que empleados académicos y administrativos no sufran en su situación por lo que estamos enfrentando. Por supuesto, no íbamos a crear un impedimento para que se hiciera el pago”, agregó.

El excanciller mexicano señaló que la universidad tiene cuentas sanas y que lo que esperan “es que no se toquen las cuentas, porque ahora están en poder del patronato fundador de la universidad”.

“La rectoría y la administración son los que deben tener las cuentas bancarias para poder hacer la normalización de todos los pagos, que por esta irrupción que se llevó a cabo están provocando una pérdida de prestigio con proveedores, con pagos que se habían comprometido y que no se están haciendo”, informó.

En relación a las denuncias en su contra por diversos delitos, entre los que se menciona el desvío de recursos, aclaró que no tiene nada que esconder y que hay en su contra una campaña de mentiras.

Ocuparon la UDLAP y nombraron nuevo patronato

El pasado 29 de junio, el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) en San Andrés Cholula fue ocupado por policías estatales para dar posesión y el control de la institución a un nuevo patronato encabezado por Horacio Magaña Martínez.

Personal del Poder Judicial del estado, con apoyo de la Policía Estatal y de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada, realizó una diligencia para el aseguramiento de vehículos, así como documentos de la institución.

Ese mismo día fueron bloqueadas las cuentas bancarias de la institución.

Adalberto Ramos, nombrado secretario del nuevo patronato de la Fundación Universidad de las Américas Puebla, declaró que el operativo en San Andrés Cholula fue para hacer valer las medidas cautelares que emitió un juez federal, tras las órdenes de aprehensión contra varios miembros de la familia Jenkins por las operaciones de procedencia ilícita por más de 720 millones de dólares en la fundación.

El rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez Bautista informó que la universidad promovió ante el Juzgado Primero de Distrito el juicio de amparo 613/2021 para que no fueran removidos los patronos, ni se interviniera en su administración, contabilidad o en cualquier acto que viole los derechos de los trabajadores.