Legisladores autorizaron la donación de un predio de 7 mil 575 metros cuadrados a la asociación “Protectora del Patrimonio de Tlaxcalancingo”, de la cual era parte Javier Elías Amaxal, esposo de la alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, de Morena.

Por mayoría de tres votos de Morena y PRI, así como uno en contra del PAN, la donación se aprobó este martes en sesión de la Comisión de Patrimonio y Hacienda del Congreso del estado.

El predio se ubica en el cerro Acahualtepetzi y fue donado originalmente por el Cabildo desde marzo de 2020, pero se requería el aval de la comisión y ahora tendrá que pasar por el pleno del Poder Legislativo para concretarse.

El diputado Raúl Espinosa Martínez, del PAN, denunció en la sesión un posible conflicto de interés por parte de Pérez Popoca, debido a que impulsó la donación en el Cabildo y su esposo está ligado a la asociación beneficiaria.

Nora Merino Escamilla, de Morena, justificó que “en el pasado” morenistas han sido integrantes de organizaciones civiles porque han estado en el activismo, pero aseguró que solo son “dichos periodísticos” los señalamientos respecto de que Elías Amaxal es miembro de la asociación.

Nibardo Hernández Sánchez, del PRI, dijo que el área jurídica de la comisión no contaba con la lista de integrantes de la organización, pero se había verificado que esta cumplió con todos los requisitos de ley en cuanto a su formación y obligaciones fiscales.

A falta de esta información Espinosa Martínez pidió dejar en receso la sesión de la comisión para analizar el asunto con posterioridad, pero fue ignorado, pues luego se reveló que la de este martes fue la última sesión de la comisión, pese a que la gestión de la LX Legislatura concluye hasta el 14 de septiembre.

Notas informativas de 2015, 2016 y 2017 confirman que el esposo de la alcaldesa Karina Pérez Popoca, Javier Elías Amaxal, era integrante de la asociación “Protectora del Patrimonio de Tlaxcalancingo”, pues en varias protestas y ruedas de prensa fungió como vocero y declaró a los medios de comunicación.

En otro punto se aprobó una reforma del gobernador Miguel Barbosa Huerta recibida este mismo día, solo cuatro horas antes de la sesión de la comisión.

La reforma fue para suprimir de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos, así como de la Ley de Obra Pública los “testigos sociales” de obras y licitaciones, figura que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) impugnó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por tener requisitos discriminatorios.