El gobierno de Puebla impugnó el freno que puso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al decreto con el cual el gobernador Miguel Barbosa Huerta busca tomar el control de la seguridad en la capital.

La Consejería Jurídica estatal interpuso un recurso de reclamación contra la suspensión que se otorgó al ayuntamiento capitalino que encabeza Claudia Rivera Vivanco.

El recurso se presentó el 22 de junio y el alto tribunal lo admitió en el expediente 59/2021, derivado de la controversia constitucional 54/2021 promovida por la Comuna.

Con este se combate únicamente la suspensión otorgada el 14 de mayo, pero desde el 7 de abril la Corte ya había concedido una suspensión previa.

Apenas este jueves se publicó en notificaciones el recurso interpuesto por el gobierno estatal, con el cual demanda revocar la suspensión.

“Con el oficio y anexo, fórmese y regístrese el
expediente físico y electrónico relativo al recurso de reclamación que hace valer el Director de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica, y representante legal del Poder Ejecutivo de Puebla, contra el proveído de catorce de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Ministro instructor, mediante el cual, se concede la suspensión solicitada por el Municipio actor, en la controversia constitucional 54/2021. Atento a lo anterior, se tiene por presentado al promovente con la personalidad que ostenta, y por interpuesto el recurso de reclamación que hace valer en representación del Poder Ejecutivo de Puebla”, señala el acuerdo difundido en el portal de internet de la SCJN.

En la suspensión impugnada la Corte prohibió a Barbosa Huerta ejecutar alguna acción para tomar el control de la policía municipal, y le ordenó dejar las cosas como están en tanto se resuelve el fondo de la controversia constitucional.

“Se concede la suspensión solicitada por el Municipio de Puebla, Puebla, en los términos y para los efectos que se indican en este proveído. La medida suspensional concedida surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”, señaló la Corte.

La controversia constitucional 54/2021 se debe a que el 24 de marzo Barbosa Huerta renovó su decreto para tomar el mando de la policía municipal, ya que el primero emitido el 5 de marzo de 2020 caducó también sin ejecutarse, pues igual fue impugnado en la SCJN mediante la controversia 46/2020 que aún no se resuelve.