Con los gobiernos de Estados Unidos o de Canadá no se resolverán  las inconformidades contra la Ley de Hidrocarburos de México que entró en vigor el pasado 5 de mayo, sino con las empresas de esos países, por lo que se espera que la búsqueda de recursos legales de las compañías de esos países continúe, dijo el abogado Carlos Vallejo.

Las estadunidenses Tiger Fuel y JAG Energy, así como a la canadiense Petrotal ha conseguido amparos.

En la Ley de Industria Eléctrica las suspensiones otorgadas por un juez se aplicaban a toda la industria, pero en la Ley de hidrocarburos no hay certeza de que el tribunal colegiado sostenga el criterio de efectos generales para beneficiar a todos. 

“El pretender colgarse de esas suspensiones provisionales pondrá al permisionario en riesgo” y solo aquellos que presentaron amparos como blindaje estarán protegidos, dijo Carlos Vallejo.

 A la fecha suman ya más de 18 compañías con alguna suspensión, temporal o definitiva, contra la Ley de Hidrocarburos, vía los juzgados de distrito en materia administrativa especializados competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones de la Ciudad de México, que tienen jurisdicción en todo el país, según una información del diario Milenio.

A dos días de aprobada la Ley de hidrocarburos, el Instituto Americano del Petróleo (API) envió una carta a diferentes secretarios de EU, para denunciar la discriminación a los inversionistas de dicha nación, en violación de los compromisos del T-MEC. Aunque ya habían enviado una carta a su gobierno en junio de 2020. La intención de la segunda misiva era que su gobierno los respaldara pidiendo acciones a México, en la Comisión de Libre Comercio, donde se revisaría el cumplimiento del tratado, los pasados 12 y 13 de mayo.  Aunque la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai pidió a nuestro país una política energética que respete la inversión. Al concluir la reunión la secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier aclaró que “es más un tema de empresas, considera que sus derechos han sido violentados o no están salvaguardados dentro de los compromisos del T-MEC y pueden inducir un proceso de diálogo previo a cualquier otra índole de proceso jurídico”, señaló.