Las protestas por el 8M en Puebla provocaron un nuevo choque entre el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, y Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de la capital del estado.

La alcaldesa dijo que se está criminalizando la protesta social y violando la presunción de inocencia de las participantes, y el gobernador Barbosa Huerta afirmó que no se dará la razón “a quienes hicieron de este día de conmemoración y planteamientos, un día de violencia.”

Rivera Vivanco refirió que algunos medios de comunicación publicaron imágenes e información de personas a las que señalaron de ser servidoras públicas en la administración municipal, pero corresponden a hechos ocurridos “años atrás”, por lo que se busca desacreditar su administración.

“Me parece muy delicado en el siguiente sentido de que no puede haber acusaciones a la ligera (…) porque estaríamos hablando de una violación de derechos humanos, de una violación a la presunción de inocencia”, agregó.

Claudia Rivera pidió que se respeten las garantías de todas las mujeres y dijo que aportará la información necesaria para esclarecer los hechos.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que las fotos en cuestión no están alteradas y que por el delito de daño a propiedad se inicia una carpeta de investigación por oficio. Desde ayer están ante la Fiscalía General del Estado.

“El gobierno va a tener una posición muy, muy cuidadosa en todo esto, para no dar la razón a quienes están detrás de este tipo de manifestaciones, a quienes hicieron de este día de conmemoración y de planteamientos, un día de violencia. Nadie se está inventando nada, por favor, de que las fotografías son de hace un año. Y resulta increíble que alguien lo pueda manifestar así”, declaró.

La sociedad, en deuda con las mujeres

Claudia Rivera Vivanco dijo que no se puede ser más empático con las paredes pintadas que con las mujeres víctimas de violencia de género.

“Nosotros nos manifestaremos en contra de toda forma de violencia, pero sí hago un llamado para que no se criminalice a estas voces, todavía tiene la sociedad poblana una deuda con sus mujeres y niñas”, comentó.

El secretario general del Ayuntamiento, Damián Romero, condenó las intervenciones de criminalización del Estado y recordó que es raro que, en su caso, no se avance en los casos denunciados en la Fiscalía General en contra de ambulantes que operan como asociaciones delictuosas.

Además, afirmó que acudirán ante la Comisión de Derechos Humanos para que se dicten medidas cautelares ante cualquier amenaza e integración física y jurídica.

Señaló que estas acciones son “cálculos perversos” y que hay un garrote político, en este tema en contra de la alcaldesa.

Rivera Vivanco confió en que no sea una acción directa en su contra, pero sí consideró delicado que la labor esté a cargo de la Secretaría de Gobernación, que dirige Ana Lucia Hill, la cual debe de garantizar la estabilidad social y garantías de los derechos humanos.

“No fue protesta, fue vandalización”

El gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que dejará que todas las investigaciones estén a cargo de la autoridad ministerial, porque lo que ocurrió la tarde del lunes no fue una protesta sino una vandalización de sitios públicos y privados.

Afirmó que inicialmente fue un tema que “estaba resuelto”, pero se decidió retirar las vallas en el Centro Histórico para que los policías estatales evitaran una confrontación.

“Y si hubiera yo mantenido a la policía estatal en las calles, hubiera habido hechos muy lamentables; el nivel de violencia fue máximo y había de verdad esa decisión de ir a provocar confrontaciones personales, directas”, acusó.

Celebró que afortunadamente no hubo ningún descalabrado y ningún lesionado, pues dijo que fue porque “se hicieron a un lado”.

Por otra parte, aseguró que para no “dejar a la ciudad tirada por días o meses”, instruyó al secretario de Infraestructura, Juan Daniel Gámez Murillo, a reunirse con los titulares de los inmuebles públicos afectados (Congreso del Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y la Fiscalía General del Estado) para hacer un recuento de los daños, y hacer lo correspondiente con el INAH en caso de monumentos históricos, como la Catedral.

“Que se pongan en contacto con los titulares de las sedes públicas para que haga un inventario de todos los años ahorita, que se ponga en contacto con el INAH cuando se trate de monumentos históricos, por ejemplo, la Catedral. Qué pena que haya ocurrido”.

Además, hizo el compromiso de pagar los daños cometidos contra particulares en viviendas y autos.

Condenan criminalización de mujeres

En el Congreso del estado la legisladora del PRI, Rocío García Olmedo, condenó que el gobierno del estado criminalice las protestas del Día Internacional de la Mujer.

En un posicionamiento denunció que se busca deslegitimar las manifestaciones por conflictos personales entre Barbosa Huerta y la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco.

Reprobó la advertencia de denuncias penales contra las mujeres que protestaron y exigió al gobierno estatal mejor ocuparse de atender las demandas, como frenar los feminicidios, la violencia de género, la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

Rodríguez Della Vecchia sólo criticó al gobierno federal y al presidente Andrés Manuel López Obrador, por la colocación de vallas metálicas para cercar Palacio Nacional.

María del Carmen Saavedra Fernández, de Morena, replicó la postura gubernamental y condenó la quema de la puerta del Congreso local, las pintas y los daños a vidrios y ventanas del recinto, e insistió en que los actos de vandalismo los incitaron desde el ayuntamiento de Puebla, por lo que reiteró que habrá denuncias contra servidores públicos.