La periodista Lydia Cacho y Artículo 19 reprocharon al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la Fiscalía General de la República (FGR) que los haya marginado en el proceso que se sigue al empresario Kamel Nacif Borge, acusado de ser en 2005 el autor intelectual de la tortura contra la defensora y escritora.

En un comunicado acusaron a la FGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores de no haberles notificado que Nacif Borge fue detenido el 12 de octubre de 2020, en Líbano, y presentado ante un juez que le otorgó libertad bajo fianza. 

Afirman que hasta el 16 de febrero se enteraron de la situación de Nacif, luego de que el exgobernador de Puebla, Mario Marín, fue detenido el 3 de febrero para ser procesado por la tortura cometida contra Lydia Cacho.

En julio de 2020, después de que se libró orden de aprehensión contra el empresario del ramo textil, se les informó que se encontraba en el Líbano, y siete meses después conocieron de la detención de Nacif y su libertad bajo fianza.

“Las autoridades no notificaron ni a Cacho ni a Artículo 19 sobre ningún acto de autoridad encaminado a conocer el estatus jurídico del empresario en la República de Líbano, tampoco se informó a la víctima ni a sus representantes legales sobre el lugar o fecha de localización, o sobe su presentación ante autoridades judiciales libanesas. Eso sucedió hasta mediados de febrero, después de la detención de Mario Marín”, reclaman en el comunicado colgado en redes sociales.

Al no ser informados, se “redujo la capacidad de coadyuvancia por parte de la víctima y sus representantes para participar de forma activa en el proceso, así como su derecho a estar plenamente informada de los avances del proceso”, puntualizaron.

Califican como preocupante que no hayan contado con “garantías mínimas que permitan igualdad entre las partes” en el procesamiento de Kamel Nacif en Líbano, como la garantía de audiencia y el derecho a la defensa.

Consideran“desconcertante” que no haya coordinación para informar a la activista sobre la situación de Nacif, lo que podría considerarse “un obstáculo en el acceso a la justicia de Lydia Cacho, ya que, según consta en el expediente ministerial, la Feadle (Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión) fue directamente informada sobre las gestiones realizadas a nivel diplomático hasta finales de enero de este año”.

Agregaron que a ellos se les ha dicho que las actividades judiciales en el Líbano están detenidas por la pandemia: “no hay certidumbre sobre las siguientes etapas procesales ni las imputaciones que se realizan con base en la información enviada a Líbano por FGR por conducto de la SRE”, en tanto que se les ha notificado que “se busca una reunión entre autoridades mexicanas y libanesas para aclarar la información sobre el proceso”.

Para Artículo 19 y la escritora, esta situación “no abona a la confianza que debe construirse entre instituciones del Estado y víctimas de violaciones a derechos humanos (…) y las omisiones ponen en peligro el acceso a la justicia, la seguridad y protección de la periodista y personas cercanas a ella, por la probable comisión de actos de represalia en su contra”.

Lydia Cacho y Artículo 19 hacen nueve peticiones a la SRE, a la FGR, a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al gobierno de Líbano, por las que exigen acceder a la justicia.

1. A la Secretaría de Relaciones Exteriores
   • (a) Que impulse el proceso penal ante autoridades libanesas para que se garantice un proceso imparcial en que se respeten los derechos de la víctima.
   • (b) Que facilite la información necesaria a la FEADLE y a la vez a la víctima y a su representación para tomar parte en el proceso y coadyuvar para garantizar el acceso a la justicia de la periodista.
2. A la Fiscalía General de la República
   • (a) Que de acuerdo con los derechos consagrados en la Ley General de Víctimas, se notifique directamente o a través de sus representantes, a la periodista Lydia Cacho, de todo hecho relacionado con la localización, cambio de estatus jurídico, acciones legales impulsadas por los presuntos responsables y cualquier otro que pudiera implicar cambios en la estrategia para la garantía del acceso a la justicia.
   • (b) Que evite la revictimización de la periodista, así como la obstaculización a la coadyuvancia durante el proceso contra las personas presuntamente responsables, en territorio nacional o extranjero.
3. A la Secretaría de Gobernación:
   • (a) Que considere los presentes hechos como elementos de análisis en la falta de cumplimiento del Plan Integral del Daño, instaurado a partir del Dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, número 2767/2016, del año 2018.
4. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
   • (a) Que considere los presentes hechos como omisiones en las medidas cautelares MC 192/2009 ordenadas al Estado mexicano, como consecuencia del estado de riesgo en que vive la periodista.

       5.  Al gobierno de El Líbano

• Que se garantice el debido proceso para la víctima y se generen las condiciones propicias para que Lydia Cacho, sus representantes y el gobierno mexicano abonen a la acusación ante los tribunales nacionales.
• Se valore continuar con el proceso de extradición a México dado que también cuenta con ciudadanía mexicana
• Dado que es Estado Parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se cumplan con las disposiciones del instrumento internacional y se tome en cuenta la gravedad de la conducta imputada a Kamel Nacif con base en la interpretación más protectora de los derechos de Lydia Cacho