Por lo menos 3 mil 883 millones de pesos que se han adjudicado de manera directa en los dos últimos años, y 225 contratos por 3 mil 21 millones de pesos se han asignado sin licitación pública y al margen de la Ley de Adquisiciones y la Ley de Egresos del estado, concluye el libro Adquisiciones públicas bajo la lupa 2019-2020 de la organización civil Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad.

En la investigación que esta tarde se presentó en plataformas digitales y Facebook, los autores del libro —la abogada Itzel Jiménez y el periodista Sergio Mastretta—sostienen que la administración de Miguel Barbosa Huerta se ha mostrado poco comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas, abriendo la puerta a favoritismos y actos de corrupción.

La organización revisó en el portal de transparencia del gobierno del estado y la Plataforma Nacional de Transparencia para analizar las adquisiciones contratadas por 17 dependencias y 24 organismos públicos descentralizados del estado en los años de 2019 y 2020.

En el libro se presentan las gráficas y cuadros de las adquisiciones que concluyen que 1 de cada 4 contratos suscritos por las secretarías dependientes del Ejecutivo estatal se adjudicó de manera directa en 2019, y casi 4 de cada 10 en 2020.

Las adjudicaciones directas de los organismos públicos descentralizados ascendieron en 2019 a 1 mil 102 millones de pesos (35.2%) y de enero a noviembre de 2020 ese porcentaje aumentó al 59.4 % con 494 millones de pesos, contra 336 millones que pasaron por la licitación a tres empresas.

“No todo se licita bajo condiciones de competencia, como lo establece la ley. De hecho, cada vez se licita menos”, asientan los autores en el libro.

“Con la pandemia del Covid-19 la opacidad ha sido total. De los 2 mil 724 millones de pesos aplicados por el gobierno en 2020 a la emergencia del Covid-19 no existe un contrato publicado ni se puede identificar si se realizó por la vía de la licitación o la adjudicación directa”.

 Las anomalías de SEP y Finanzas

La Secretaría de Educación y la Secretaría de Planeación y Finanzas destacan con más casos de adjudicación directa.

Desde 2019, la Secretaría de Educación, a cargo de Melitón Lozano Pérez, es la que recibe la mayor cantidad de presupuesto y que tiene más recursos adjudicados de forma directa: 789 millones de pesos, que contrastan con apenas 2.4 millones que licitó bajo el formato de invitación a tres.

La Secretaría de Educación no realizó un solo concurso de licitación pública abierta en 2019.

En tanto, la Secretaría de Planeación y Finanzas, de María Teresa Castro Corro, destaca que en 2019 recibió 7 mil 871 millones de presupuesto, del cual adjudicó de forma directa 220 millones, frente a los 1 mil 510 millones de pesos que se licitaron, de los cuales más de 402 millones se otorgaron mediante invitación a tres personas. “Sólo 1 mil 67 se licitaron de forma pública abierta”.

“Las secretarías de Turismo, encabezada por Vanessa Barahona de la Rosa; Desarrollo Rural, por Ana Laura Altamirano Pérez, y Cultura, que en 2019 estaba representada por Julio Glockner, adjudicaron de forma directa más de lo que licitaron por invitación a tres proveedores, y ninguna de ellas registraron procedimientos de licitación pública abierta en el año 2019”, asienta la investigación de esta ONG que tiene como director a Enrique Cárdenas Sánchez, ex rival de Miguel Barbosa Huerta en las elecciones extraordinarias por la gubernatura de Puebla de ese año.

Sólo las secretarías de Finanzas, Bienestar, Salud, Seguridad Pública, Infraestructura y Gobernación licitaron de forma abierta en 2019, mientras que las demás secretarías adjudicaron la totalidad de los contratos por invitación a tres o adjudicaciones directas.

No obstante, la situación es bastante más grave para el año 2020 pues, además de que se está transparentando 8.3 veces menos, las secretarías de Finanzas, Salud, Infraestructura y Administración no han dado de alta un solo contrato.

Los autores sostienen que el gobierno del estado sólo ha transparentado el 20 de sus adquisiciones en 2019 y 2020.

Malas prácticas en el DIF y CAPCEE

Durante 2019, 14 de 24 organismo públicos nunca licitaron de forma pública y para 2020 la única institución que ha licitado de forma pública es el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICT).

En una primera comparación entre un año y otro, en las adjudicaciones directas, la investigación identifica que diez de las 24 entidades no han reportado nada en el 2020. El DIF pasó de 263.9 millones en 2019 a no reportar ningún contrato en el 2020.

Para el caso del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), con 120 contratos por 130.6 millones de pesos, pasó a tan sólo tres contratos por un monto total de más de 12 millones de pesos.

La Corporación de Policía pasó de 52 contratos y 71.6 millones en 2019, a cero en el 2020. Lo mismo la entidad de Comunicación y Agenda Digital: de 45 contratos y 39.8 millones en el primer año, a cero información en el segundo.

No se respeta la ley

De acuerdo con el análisis de la organización Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad, el gobierno de Miguel Barbosa otorga contratos por adjudicación directa que rebasan el monto permitido por la ley.

En 2019 se otorgaron 119 contratos que rebasaron lo permitido por ley, por un monto superior de 1 mil 651 millones de pesos (1,915.8 con impuestos incluidos) en 11 de las 17 dependencias del gobierno de Puebla.

Las dependencias con violaciones fueron Cultura, Desarrollo Rural, Economía, Educación, Finanzas, Infraestructura, la Función Pública, Medio Ambiente, Salud, Turismo y Seguridad Pública.

Para el 2020 se otorgaron 7 contratos por un total de 281 millones de pesos. Cinco proyectos son de la Secretaría de Educación, por más de 31 millones 209 mil pesos; Desarrollo Rural, por 217 mil 20 pesos y Cultura, por 32 mil 741 millones de pesos, todos sin considerar impuestos.