En medio del autoritarismo en que vivimos los poblanos, el Congreso del estado se ha convertido en el órgano consolidador de las imposiciones emanadas desde el cerro de Loreto.

Sin embargo, la complaciente actitud de la Legislatura ha generado diversos conflictos que han obligado a los diputados a resarcir sus constantes yerros.

La semana pasada tocó el turno a la Comisión de Educación, la cual debió corregir las graves omisiones en la recién aprobada Ley de Educación, en donde olvidaron uno de los temas medulares de la Reforma Educativa, que son las controvertidas evaluaciones a los docentes.

Y aunque para nadie sea un secreto que los diputados no son quienes elaboran los proyectos de ley o de reformas de las mismas, sino los asesores jurídicos del gobierno estatal, la realidad es que deberían exigir que se les entreguen estos proyectos con el tiempo suficiente para estudiarlos, o cuando menos para que alguien con conocimientos jurídicos los asesore.

Lamentablemente, los diputados aprueban en comisiones las leyes prácticamente sobre las rodillas, generando un sinfín de barbarismos legislativos que terminan en ridículos como el de la semana pasada.

Y es ahí en donde uno no entiende para qué tanto pleito por pertenecer a una u otra comisión, si van a aprobar las leyes sin revisar su contenido.

Así las cosas, la Ley de Educación va a ser remendada porque no hubo un sólo diputado capaz de revisarla y darse cuenta de que uno de los principales motivos de la inconformidad de la disidencia magisterial no había sido incluido.

Pero lo más grave de todo es que la Ley de Educación es sólo un ejemplo de los muchos que suceden todo el tiempo en el palacio legislativo. Cada capricho gubernamental es avalado por los diputados sin que nadie pueda impedir que los diputados levanten el dedo en forma mayoritaria.

Todo indica que la Ley de Expropiación también se convertirá en un nuevo dolor de cabeza para el ejecutivo, por la inminente inconstitucionalidad de este nuevo ordenamiento.

Una nueva lluvia de amparos caerá sobre Casa Puebla por las violaciones de esta ley a las garantías contempladas en la Carta Magna.

En el amasiato de poderes que padecemos en Puebla hemos caído en una versión moderna de la cinta cinematográfica La ley de Herodes, en donde se cambia la Constitución de acuerdo con los antojos y caprichos del gobernador.

Imagine el lector esta escena:

—Quiero expropiar la Catedral.

—Señor, la ley no nos lo permite.

—Pues cambien la ley, carajo, que sirvan de algo los diputados, que para eso les pago.

—Sí señor, lo que usted mande.

Nuevo absurdo en puerta

A propósito de las imposiciones en el Congreso del estado, desde el pasado fin de semana se cocina la designación del sucesor en el IEE del mapache-consejero Víctor Cánovas.

Todo apunta a que la beneficiada con la renuncia de Cánovas sea la actual directora de capacitación del IEE, Martha Patricia Vázquez Aguilar.

No cabe duda que no aprenden.

Cuando designaron a Cánovas como consejero electoral, diversos medios lo señalaron como un operador político del gobernador, sin que nada ni nadie hiciera caso.

Dos años después, ya vimos cómo terminó su necedad.

Hoy existen evidencias que pintan a Patricia Vázquez de azul, particularmente por haber sido directora jurídica de la Delegación Federal del Trabajo a invitación del actual dirigente del PAN, Rafael Micalco, cuando fungió como titular de esa dependencia.

Hay más pruebas de las ligas blanquiazules de la posible consejera, aunque, conociendo la forma de actuar de los diputados de la alianza morenovallista, no sería extraño que se las pasen por el arco del triunfo, con tal de seguir la línea dictada desde Los Cerros.

Veremos y diremos.