Con maquinaria pesada y la presencia de al menos 15 elementos de la policía municipal de San Pedro Cholula, esta mañana derrumbaron la vivienda de dos personas de la tercera edad, que tienen su domicilio en la colonia La Rivera de este municipio, la hija de los señores acusó arbitrariedad y abuso de autoridad por parte del edil Luis Alberto Arriaga Lila.

#Municipios | Autoridades de #SanPedroCholula se encuentran derribando la vivienda de dos adultos mayores, a quienes también se les prohibió tomar sus documentos oficiales, que incluyen papeles fiscales, escrituras e identificaciones. pic.twitter.com/RAIhGsDCji

— Periódico e-consulta (@e_consulta) December 22, 2020

Por su parte, la versión del ayuntamiento para demoler esta vivienda, es que se encuentra asentada en áreas verdes protegidas, además de que en sesión de Cabildo se decidió demoler los 4 inmuebles que se encuentran aquí, debido a que no cuentan con permisos o licencias por parte del municipio.

Los inmuebles se ocupaban como oficinas, y contaban con muebles en su interior, pero fueron retirados y trasladados conforme a ley, informó Eduardo Cano Juárez, director de Imagen Urbana, Gestión Ambiental y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbanístico del municipio de San Pedro Cholula.

“Se utilizaban como negocios de servicios, incluso durante la secuela del procedimiento ellos mismos manifestaron que se ocupaban para negocios, de hecho eran oficinas (…). Estaban totalmente desocupadas. No vivía nadie adentro, no había ninguna persona de la tercera edad, no se agredió ni se lastimó a ninguna persona, se verificó obviamente previo a iniciar los trabajos que no hubiera ninguna persona al interior y bueno se procedió conforme a la ley”, comentó el funcionario municipal.

Agregó que los interesados solo contaban con un juicio de amparo “Por falta de respuesta”, documento que no impedía la ejecución del derribo.

Puntualizó además que aún cuando no fue materia de este procedimiento de demolición, existe la información que fue valorada a lo largo de este hecho procesal, que el área donde se ubicaban estos inmuebles, está considerada como área verde.

“Aclaro, no se trató ahorita de la posesión de la propiedad, sino únicamente de la demolición de la construcción sin permisos, pero sí sabemos por parte de la Secretaría de Ordenamiento Territorial –del estado- , que esa área está considerada como área verde es decir, es común de todos los habitantes de la reserva territorial”, concluyó.

Aurora Iveth, hija de los señores de 79 y 76 años acusó que a pesar de que cuentan con un amparo que le impide a la autoridad ingresar de esta manera a su domicilio, tanto los policías como el personal del ayuntamiento no identificado los desalojaron de la vivienda, sin que pudieran tomar sus pertenencias.

“No nos dejan tomar ni siquiera las escrituras de nuestra casa, estamos desesperados, mi familia está destruida, esto es una injusticia por parte del gobierno municipal, necesitamos apoyo, pero nadie ha querido venir a defendernos, estamos solos en esto”, comentó.

December 22, 2020

 La afectada mencionó que le preocupa que las personas que llegaron para la demolición no les dieron ningún argumento para iniciar con el derrumbe de su patrimonio que su padre construyó desde hace más de 28 años y aseguró que las amenazas sobre esta situación comenzaron desde hace 6 años con el entonces presidente municipal, José Juan Espinoza.

 December 22, 2020

Los dos adultos de la tercera edad señalaron en entrevista con e-consulta que este problema inició en la administración de José Juan Espinoza, momento en el que tramitaron un amparo para no perder su patrimonio, sin embargo, a seis años de este conflicto el edil Luis Alberto Arriaga aprobó el derrumbe de su vivienda sin notificarles con antelación.

Esto a pesar de que en su momento ganaron el juicio de amparo que los acreditó como dueños de dicha propiedad, pues han vivido en ella por más de 28 años.

Además, indicaron que las autoridades que acudieron este martes para iniciar los trabajos de derrumbe no se identificaron ni mostraron una orden judicial que permitiera el desalojo y el ingreso de la maquinaria.

Asia mismo, Aurora Iveth, acusó que durante la mañana varios miembros de la policía municipal los agredieron físicamente, por lo que afirmó que acudirá ante la Comisión de Derechos Humanos para levantar una denuncia en contra de las autoridades municipales.