La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) declararon como reservada por un periodo de cinco años toda la información relacionada con la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos y su posterior retorno a México después de que las autoridades del país vecino se desistiesen en su causa por narcotráfico. 

Entre los datos que la administración federal quiere que permanezcan ocultos están: las muestras de descontento expresadas por gobierno de Andrés Manuel López Obrador tras la detención de Cienfuegos, la queja por no haber sido informado sobre la investigación y las pruebas de Washington contra el exsecretario de la Defensa. 

La razón fundamental para la clasificación, según ambas instituciones, es que el general se encuentra sometido a un proceso de investigación por parte del Ministerio Público, tal y como le fue comunicado al propio Cienfuegos al ser puesto en libertad, y que tampoco se desea poner en riesgo la relación con Estados Unidos.

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