Por denunciar las irregularidades del presidente auxiliar de San Martín Ixtepec, el indígena Elmo Guzmán Vázquez ha sido objeto de un proceso penal irregular en su contra e incluso atentados contra su vida.

En 2009, los habitantes de la junta auxiliar tomaron las instalaciones de la presidencia de la comunidad, para exigir la renuncia del entonces edil Filiberto Gómez Guzmán, por desvío de recursos públicos, entre otras irregularidades.

Ante la negativa del presidente auxiliar de escuchar las peticiones de los pobladores, los inconformes redactaron un documento, el cual fue presentado por Elmo Guzmán Vázquez ante la Secretaría de Gobernación federal, ya que él trabajaba en ese entonces como policía auxiliar de las oficinas de Luz y Fuerza del Centro en el Distrito Federal.

“Sólo fui el mensajero”, lamentó Guzmán Vázquez, al recordar los hechos que siguieron a la presentación de la carta.

El 6 de agosto de ese mismo año a las dos de la madrugada se incendió la casa de Gómez Guzmán, hecho del cual se le culpó al indígena, a pesar de que él se encontraba camino a su trabajo en la capital, lo cual está constatado en los libros de ingreso, el cual firmó minutos antes de las siete de la mañana.

De manera expedita las autoridades del ministerio público realizaron el peritaje en el lugar del incidente, y con base a la declaración de un menor de edad quien “identificó por la voz” a Guzmán Vázquez, a quien se le  acusó a este de daño a propiedad ajena.

En menos de un mes se consignó el delito, y para enero ya había una orden de aprehensión en contra de Elmo.

El Centro de Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro” atrajo el caso, y logró demostrar que había falta de pruebas en contra del acusado, por lo que éste sigue el proceso penal en su contra fuera de la cárcel.

Hace unas semanas, un juez sentenció que Elmo es inocente de los hechos que se le imputan, resolución que impugnada por el ministerio público de Zacapoaxtla.

El abogado del indígena, Fernando Cuéllar Muñoz, señaló que se ha buscado el apoyo de las autoridades para resolver este caso, pero que no se ha tenido respuesta hasta el momento.

“Es inaudito que por un delito que tiene una pena de dos años ya se lleven más de tres en el proceso de juicio”, acusó el abogado.

Esta es una representación de las fracturas que hay en el sistema penal en la Sierra Norte de Puebla, donde los policías asaltan, se pueden comprar armas a bajo costo, y donde a pesar de que se denuncian las bandas de delincuentes las autoridades no hacen nada, recriminó Cuéllar Muñoz.

Incluso, a finales del año pasado hubo un atentado en contra de Guzmán Vázquez, y su familia ha sido agredida verbalmente durante todo este proceso.

Una vez que se resuelva la impugnación que presentó el ministerio público, el caso de Elmo será llevado ante instancias internacionales de derechos humanos, adelantó el jurista, para ejemplificar la situación tan precaria que se vive en el estado.