La ley sobre delitos de imprenta -aprobada en 1917 fue abrogada por la Cámara de Diputados.

El dictamen sometido a aprobación en el pleno de San Lázaro refiere el anacronismo de esa norma porque “no tutela efectivamente el derecho a la información y a la libre expresión, ni el derecho a informar”

La centenaria norma preveía incluso arrestos por 36 horas y sanciones por presuntos delitos contra el honor, como calumnias, difamaciones e injurias, y por supuestos ataques al orden o la paz pública.

El dictamen establece que “era necesario abandonar la visión punitiva y de criminalización” que establecía dicha ley.

“Ejemplo de lo anterior son los llamados delitos contra el honor, como calumnias, difamaciones e injurias. Si bien es cierto que poco a poco las diversas entidades de la República han ido eliminando este tipo de delitos, también lo es que la Ley sobre delitos de imprenta constituye, del mismo modo, un instrumento jurídico que puede ser utilizado para restringir el ejercicio de la libertad de expresión”, señala.

“Derogar la citada ley, implica garantizar la libertad de imprenta como supuesto esencial e indispensable para la vigencia democrática y el ejercicio pleno de la libertad de expresión”, se agrega en el dictamen.